El escenario político y económico en el que se desenvolverá Venezuela durante el año 2016 nunca había sido tan complejo y preocupante. Las posibilidades de encontrar soluciones a la crisis multidimensional que vive el país, que sean a la vez realistas en lo político y viables en lo económico y social, dependen de una voluntad de diálogo y de conciliación de intereses y perspectivas que, a juzgar por sus pronunciamientos y enfoques, no existe de parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Ni las alertas por parte de los más variados voceros de la sociedad civil, ni la seria derrota política que representa el triunfo de la coalición de la Unidad Democrática y la pérdida de control sobre el parlamento para la legislatura 2016–2021, ni el grave colapso de la economía -y con ella, de las bases de sustentación del modelo político populista del chavismo- han sido entendidos como llamados de alerta suficientes para efectuar ajustes en la conducción de los asuntos públicos. Por el contrario, el gobierno ha optado por rechazar todo pragmatismo en su manejo de la crisis y otorgado preferencia a lo ideológico en el diagnóstico de la coyuntura, apelando al impacto que habrían tenido el antagonismo interno y la agresión externa; de igual forma, ha escogido profundizar el rol de un estatismo altamente politizado como base de su ejercicio y sustentación en el poder, y ha considerado inadmisible cualquier ajuste o concertación con sectores de la oposición, negando, en particular, una colaboración entre los poderes públicos. El gobierno parece estar cautivo de su propio discurso al considerar que cualquier ajuste o cualquier cohabitación socavarían la herencia política de Hugo Chávez que, por ende, cuestionarían la legitimidad “revolucionaria” del gobierno.
En síntesis, al iniciarse 2016 el gobierno de Venezuela niega la responsabilidad de sus políticas y de su administración como causales de la crisis nacional, rechaza la opción de un diálogo constructivo y negociación con la oposición, y opta por profundizar el conflicto interno. Apuesta así a una eventual resolución a su favor de una prueba de fuerzas que, adoptando múltiples modalidades y desenvolviéndose en todos los escenarios de la vida institucional y política del país, consumiría lo que resta del actual período presidencial (2013-2019) y serviría de trasfondo a cualquier intento por acortarlo por las vías constitucionales a disposición de la Asamblea Nacional.
A la luz de su discurso e iniciativas1 para lidiar con la situación, dos acciones se presentan como críticas a los ojos del gobierno de Venezuela para tener éxito en esta confrontación: fortalecer y movilizar el partido y la coalición oficialistas para cerrar filas, asegurar lealtades, tratar de superar las causas de la derrota electoral y controlar la delicada situación interna derivada de la crisis; y en segundo lugar, tratar de sobrellevar la situación hasta que una eventual recuperación de la economía mundial permita el incremento de los ingresos fiscales del país y pueda así continuar financiando el proyecto populista.
Para apreciar la viabilidad de la vertiente internacional de esta estrategia conviene pasar revista a la coyuntura política regional e internacional, por una parte, y a las perspectivas de la economía internacional, y de manera más focalizada, a las perspectivas del mercado petrolero internacional al iniciarse el año 2016, por otra.
Entorno internacional
La característica predominante en la situación internacional para el 2016 parecería ser una persistente inestabilidad. Las tensiones geopolíticas son considerables, aunque focalizadas y contenidas (continuas tensiones geopolíticas –Siria, Ucrania, península de Corea, Mar de China– terrorismo, antagonismos intra-islámicos, migraciones masivas, entre otros focos y situaciones). La comunidad internacional no logra resolver satisfactoriamente ninguna de estas tensiones y éstas se proyectan en el 2016 como fuentes de incertidumbre y riesgo, aunque sin impacto directo sobre la realidad venezolana.
EE.UU. entra en un largo año electoral que concentrará todas sus energías políticas. Como suele ser el caso en estas coyunturas, la Administración saliente tenderá a actuar con prudencia en frentes internacionales que no sean de importancia crítica para la seguridad nacional del país. Así, aún en el caso de serios desarrollos en Venezuela, tales como una parálisis institucional, un estallido social o una crisis humanitaria, se estima que EE.UU. continuaría recurriendo preferentemente a actuar en pro de la estabilidad por medio de los organismos internacionales o de países aliados de la región, antes que hacerlo directamente. La coyuntura electoral crea durante 2016 un margen de maniobra política doméstica para el gobierno de Maduro con riesgo de empeorar aún más sus relaciones con la saliente Administración Obama. Ya de inicio no se observa ningún gesto o muestra de interés de la parte venezolana para un mejoramiento de las relaciones bilaterales. A juzgar por los debates de precampaña, tampoco se observa ninguna perspectiva de que, sean cuales sean los candidatos presidenciales, o incluso el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 en EE.UU., el distanciamiento actual entre ambos países se modifique. En otras palabras, Venezuela sigue estando “fuera del radar” de prioridades de los Estados Unidos.
Sin embargo, más allá del distanciamiento político entre ambos gobiernos, no está demás recordar que EE.UU. tiene un papel crítico que jugar en escenarios de altísima importancia para Venezuela. En particular, conviene recordar el papel de los EE.UU en los siguientes ámbitos: el mercado petrolero internacional; el mercado de la deuda soberana, en el cual tanto su banca, sus bolsas de valores, como sus tribunales pueden llegar a tener influencia determinante sobre la manera en que Venezuela intente o no restablecer equilibrios económicos manejables; y en el escenario de la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero, fenómenos transnacionales con impacto sobre la seguridad nacional de Venezuela y sobre la regional, como factores conexos al proceso de paz en Colombia. Cada uno de estos ámbitos amerita un seguimiento pormenorizado para identificar tendencias de opinión y posiciones de grupos de interés en el marco de la campaña electoral, aunque es presumible que una situación de inestabilidad política e institucional en el 2016 imponga en general percepciones conservadoras en materia de los riesgos posibles de asumir para apoyar una transición en Venezuela.
En el caso de la Unión Europea y sus estados miembros la situación es algo similar para 2016, en el sentido de que los asuntos internos de la Unión y sus particulares desafíos externos tendrán prioridad sobre cualquier preocupación por la situación de Venezuela, que en caso de grave deterioro sería más bien abordada en consulta con países de la región, en particular vía la CELAC, mecanismo contraparte del proceso de diálogo y cooperación birregional, y mediante mecanismos de asistencia humanitaria y apoyo civil.
De hecho, la presidencia del Consejo de la Unión será ejercida durante el periodo enero 2016-junio 2017, en turnos semestrales, por Holanda, Eslovaquia y Malta, y en su programa de trabajo2 se evidencia la preferencia de la Unión por la consolidación de su recuperación económica, la adecuación de su economía en materia de competitividad, y la salvaguarda de su seguridad interna y externa.
Sin embargo, dentro de este enfoque y como área de interés para Venezuela, se evidencia la importancia asignada al tema energía y medio ambiente y a la prioridad que éste tendrá para la UE en la implementación de los acuerdos de la Cumbre de Cambio Climático de Paris.
Es presumible, a pesar de estos enfoques a nivel del Consejo, que en el seno de otras instancias de la Unión, en particular del Parlamento Europeo, y a nivel bilateral con algunos países miembros, se mantenga un vivo interés por la evolución de la situación venezolana, tendencia que convendría reforzar mediante una activa diplomacia parlamentaria desde la Asamblea Nacional. En efecto, dadas las variadas características, vinculaciones y prioridades de los miembros de la UE, el interés y prioridad que pueda tener la situación venezolana no están asegurados a priori. Adicionalmente, la tendencia en ciertos ámbitos europeos a equiparar al régimen venezolano con el socialismo democrático y a la oposición con “la derecha”, plantea especiales desafíos para dar a conocer y facilitar la comprensión de lo que ha significado “la revolución bolivariana”, en términos de llevar a Venezuela a una situación de Estado cuasi fallido en todos los órdenes.
En estos contextos, 2016 se caracterizará por una situación de relativa falta de prioridad de la situación venezolana en la agenda internacional de nuestras principales y más tradicionales contrapartes democráticas en el mundo desarrollado. Aunque los resultados de las elecciones legislativas de 2015 son vistos como un punto de inflexión en la situación política nacional, las percepciones se mantienen más influenciadas por la crisis económica y sus alcances sociales, con algunos énfasis en materia de derechos humanos, sin dar lugar a esfuerzos por situar y denunciar las responsabilidades de la situación nacional donde corresponde. El argumento de la “no injerencia”, si bien se ha debilitado algo en años recientes, a raíz de la situación de los derechos humanos y el deterioro de la democracia, se mantiene vigente. En buena medida, estas contrapartes dan por lógico que la iniciativa de una “mediación” para destrancar la situación venezolana, así sea oficiosa, se ubica ante todo a nivel regional latinoamericano o, si acaso, a nivel interamericano en el contexto de la Carta Democrática Interamericana, reactivada como base de observación y denuncia por el actual Secretario General de la OEA.
Entorno regional
Como hemos señalado antes, el año que se inicia plantea un escenario económico desfavorable para la región en general, como consecuencia del decrecimiento de las principales economías mundiales y la caída de los precios de las materias primas, pero particularmente complicado para Venezuela en razón del desplome de los precios de su principal producto de exportación. Las perspectivas de que los precios del petróleo, claves para el funcionamiento de la economía venezolana, se mantengan deprimidos o incluso se deterioren aún mas, comporta serios riesgos para la estabilidad del país. Valga anotar que a las graves circunstancias de su economía, se agregan la quintuplicación de la deuda pública, la continuada merma de las reservas internacionales y las dificultades para acceder a dinero fresco.
Se trata de escenarios con altos riesgos que afectan, tanto la paz y la seguridad, como la capacidad humana para el diálogo, la negociación y la cooperación. En el plano global, se han sumado nuevas y complejas amenazas y, en el plano nacional, la soberbia de un proyecto fracasado que busca perpetuarse en el poder, promueve un profundo enfrentamiento institucional que puede acarrear consecuencias impredecibles para el país.
Tal vez por lo anterior, para no pocos observadores de la realidad internacional, la inestabilidad política en Venezuela será necesariamente un tema clave de la agenda regional. Y por esto se preguntan si el gobierno podrá superar los desafíos de una crítica situación económica y una Asamblea Nacional controlada por la oposición, cuando aún le quedan tres años por terminar su mandato.
Las opciones constitucionales para generar un cambio de gobierno en Venezuela es un tema que ya comienza a ser analizado seriamente en las cancillerías de algunos países del entorno regional. Una salida de Maduro colocaría a nuestro país en sintonía con los cambios que ya comienzan a perfilarse en la región luego del triunfo de Mauricio Macri en Argentina y de lo que pueda ocurrir en Perú en las elecciones presidenciales previstas para el mes de abril. A lo anterior se agregan las perspectivas políticas en Ecuador y en Chile, que celebrarán elecciones presidenciales en el 2017.
Por muchos años, Venezuela gozó de las solidaridades automáticas de organizaciones como la CELAC, no sólo en el acompañamiento del proceso político bolivariano, sino en los intentos por debilitar y eventualmente sustituir a la OEA. Tales esfuerzos comienzan a desdibujarse como quedó revelado en la última reunión cumbre de dicho organismo realizada en Quito hace pocas semanas, cuando la candidatura de Evo Morales para presidir el bloque no logró consenso.
Algo similar ocurre en el Mercosur, mecanismo al cual se le ha agotado la fase político ideológica que promovieron los presidentes Lula, Kirchner, Lugo y Chávez, y que estuvo caracterizada por un discurso irracionalmente radical, anti sistema, antiestadounidense y anti mercado.
Sin embargo, ante la creciente inestabilidad política en Venezuela y los riesgos de que la crisis derive en un verdadero caos e ingobernabilidad, algunos gobiernos de la región, que antes veían con distancia, indiferencia e impotencia la situación venezolana, comienzan a evaluar la mejor manera de contribuir con la distensión de la creciente polarización del país.
Algunos gobiernos, como Brasil, aún mantienen una postura cautelosa frente a la crisis venezolana, aunque distinta a la de tiempos anteriores; Chile, por ejemplo, ha ofrecido su disposición a contribuir con la promoción de un diálogo entre el gobierno y la oposición; y el nuevo gobierno argentino ha expresado claramente la necesidad de actuar en defensa de la democracia y de invocar la aplicación de instrumentos internacionales en defensa de la democracia, como la Carta Democrática Interamericana y los Protocolos de Mercosur.
Aún con todas las limitaciones que comporta el multilateralismo, el escenario actual apunta hacia una estrategia en la que actores como UNASUR, puedan jugar un papel constructivo en la búsqueda de soluciones a la crisis de gobernabilidad planteada en Venezuela.
A lo anterior debemos agregar el inédito papel que viene jugando el nuevo Secretario General de la OEA, quien en el marco de las facultades que le confiere la Carta Democrática Interamericana ha hecho varios llamados públicos al gobierno de Maduro para que se respeten los derechos humanos, el equilibrio institucional y la independencia de los poderes públicos. Si bien es poco factible que en las presentes circunstancias la OEA pueda asumir un papel activo en la solución de la crisis, no dejan de llamar la atención las actuaciones del alto funcionario del órgano regional, por lo que una eventual participación de la organización hemisférica en la solución de esta crisis, aunque difícil, no sería descartable, dado que existen precedentes en esta materia.
En efecto, en un entorno caracterizado por importantes cambios en las relaciones hemisféricas, los países de la región enfrentan el desafío de recuperar la plena vigencia de la democracia en Venezuela, tarea en la cual la institucionalidad internacional establecida se pone necesariamente a prueba y está llamada a jugar un papel crucial.
En ese sentido, y ante el surgimiento de nuevas instancias regionales que pretenden socavar sus fundamentos, resulta igualmente evidente que la OEA enfrenta el reto de fortalecer su relevancia como organismo hemisférico natural e imprescindible para la defensa y la promoción de la democracia y los derechos humanos en el continente.
Por ello, es de esperarse que desde su Secretaría General se impulse un aggiornamento que le permita reasumir su sentido vital y contribuir así eficazmente a la profundización de la integración del hemisferio y del respeto y la promoción de los valores democráticos que la inspiraron, mediante el establecimiento de mecanismos más expeditos y efectivos que canalicen las crecientes aspiraciones y planteamientos de la sociedad civil del hemisferio.
Colombia
El proceso de paz en Colombia, al cual se ha referido el presidente Santos como “un camino tortuoso”, ha seguido su curso durante el último año con altibajos. La Comunidad Internacional, por su parte, ha respaldado sin ambages el proceso adelantado por el gobierno colombiano.
Sin embargo, no son pocas las objeciones que se formulan a lo interno, por parte de las fuerzas políticas y los familiares de las víctimas que se oponen a los términos en que ha venido siendo negociada la paz con las FARC. Son varios los temas que están sobre la mesa de negociación en La Habana (política de desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, tráfico de drogas, víctimas del conflicto armado y mecanismo para refrendar los acuerdos), sobre los cuales hay visiones encontradas en la sociedad colombiana, sobre todo en materia de impunidad o perdón de los delitos perpetrados durante el conflicto armado.
No obstante, dados los avances logrados en las negociaciones, pudiera esperarse un arreglo definitivo del proceso para este año 2016. El gobierno colombiano ha afirmado que en los próximos meses se firmaría un acuerdo, lo que sería una noticia positiva no sólo para Colombia, sino también para el hemisferio. La aprobación de una misión de apoyo para la puesta en aplicación de los acuerdos por parte del Consejo de Seguridad de la ONU a inicios de 2016 y la promesa de asistencia bilateral por EE.UU. reflejan la fuerte disposición de la comunidad internacional de contribuir a llevar a buen término el proceso de paz. Quedaría por ver si el mecanismo de aprobación del acuerdo es o no aceptado por las instancias políticas de la sociedad colombiana, y así pasar a su aprobación popular.
Las relaciones político-económicas entre los dos países se han enturbiado por el contraproducente y absurdo estado de excepción decretado por el gobierno venezolano en la frontera, el cual afecta a ambos países, particularmente a la economía venezolana. Pero, además de la importante relación comercial, hay que tener en cuenta que las relaciones personales y familiares se han visto también perjudicadas, habida cuenta de los seculares y estrechos lazos sociales que han existido en la frontera.
Lo que ocurra este año en esa zona limítrofe dependerá de los eventuales cambios que pudieran producirse en las orientaciones políticas del gobierno venezolano. Sin embargo, la incertidumbre es lo que caracteriza esta materia. La grave crisis política y económica que experimenta Venezuela no da mucho espacio a las certezas en el campo de las relaciones colombo-venezolanas y al final de cuentas todo dependería de la suerte que corra el gobierno actual.
Cuba
El cambio experimentado en las relaciones entre EEUU y Cuba es de mucho interés en el ámbito hemisférico por sus repercusiones políticas, particularmente para el gobierno venezolano, con el cual el ejecutivo cubano mantiene estrechas relaciones.
A pesar de los obstáculos que la política adelantada por el presidente Obama hacia Cuba ha enfrentado en el Congreso norteamericano, su gobierno ha logrado adoptar algunas iniciativas concretas en el marco de sus facultades legales, que prueban la voluntad de mejorar las relaciones y dar por terminadas décadas de tensión.
No pareciera, sin embargo, que el levantamiento del embargo pueda resolverse en el corto plazo, ya que los EEUU atraviesan por un año electoral, y resulta difícil que se de un vuelco a la situación en ese sentido.
No obstante, el gobierno cubano está moviendo sus piezas en otros escenarios, como el europeo, lo que le permite seguir abriéndose a otras opciones que implicarían, entre otros asuntos, nuevas inversiones para un país con grandes necesidades, sobre todo en vista de la creciente pérdida de
apoyo financiero de Venezuela.
Guyana
Al cumplirse 50 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, la reclamación venezolana del territorio Esequibo se encuentra ahora en manos del Secretario General de la ONU, quien, según lo previsto en el mencionado tratado, debe seleccionar uno de los métodos de solución pacífica de controversias que establece el Artículo 33 de la Carta de la ONU, si no hay acuerdo entre las partes. Venezuela debe aprovechar el nuevo e intenso interés de Guyana en ampliar “su” plataforma continental y en las inversiones de transnacionales en “su” territorio en general, para replantear la negociación. El hecho de que el “status quo” ya no satisface a Guyana puede favorecernos, si sabemos utilizar inteligentemente la ocasión.
Tomando en cuenta la relevancia del necesario lobby en la ONU y en la comunidad internacional, es necesario que el negociador por Venezuela sea a tiempo completo, asistido por un equipo de funcionarios idóneos y apoyados por un consejo de expertos, nacionales e internacionales.
El Gobierno debería decretar además la fijación de la plataforma continental en nuestra fachada atlántica del Delta del Orinoco, salvaguardando nuestros derechos sobre la fachada atlántica del Esequibo, mantener el patrullaje tradicional de la Armada en la fachada atlántica y declarar “urbi et orbi” que la salida libre al Atlántico de Venezuela no es negociable.
Integración económica
El gobierno venezolano no ha tenido ni tiene una política clara en materia de integración económica y con la actual política cambiaria y de inversiones se hace muy difícil concretar acuerdos en esta materia. Si el gobierno no cambia su política económica, y no hay razones para pensar que lo vaya a hacer, las perspectivas parecen nulas en materia de integración económica e incluso su situación en el MERCOSUR luce muy comprometida.
Vista la dinámica económica y comercial internacional para el presente año, encontramos serios retos para la región, especialmente desafiantes para el gobierno de Venezuela por la naturaleza anacrónica de su modelo económico. Entre esos retos destacan, por una parte, las tendencias estructurales que caracterizan la economía global, entre las que se encuentran la conformación de cadenas globales de generación de valor, de mega-acuerdos de apertura económica y de una cuarta revolución industrial; por otra parte, resaltan las señales de recesión económica que se presentan en la economía internacional, con particular atención al descenso del consumo en China y la caída de los precios de las materias primas.
Es un hecho que la región, con pocas excepciones, se encuentra ausente de los cambios tecnológicos del presente y que para enfrentar esa situación requiere de importantes transformaciones de política interna orientadas a promover, entre otras, una mayor diversificación de su oferta exportable, la incorporación de mayor valor agregado en sus producciones, una mayor incorporación de tecnologías en sus procesos productivos, y una mayor atención a la educación, la innovación y el desarrollo. Varios países están tratando positivamente de avanzar en ese sentido; empero, en el caso venezolano las distancias por cubrir son abismales.
Los países que tratan de avanzar en su incorporación efectiva y eficiente a la economía mundial han dinamizado su sector externo y fortalecido sus procesos de apertura comercial. En esa perspectiva se inscriben la conformación de la Alianza del Pacifico y la tendencia en el Mercosur, actualmente en desarrollo, de una tendencia que lideriza el Presidente Macri de Argentina con el apoyo de Uruguay y Paraguay, para superar la fase político-ideológica de los últimos años y promover la revisión de los compromisos técnicos, retomar las bases fundacionales y abrir el Mercosur al mundo.
Sin embargo, la orientación del modelo económico y del discurso político del Gobierno de Venezuela va en contravía tanto de las tendencias estructurales de la economía mundial, como de los cambios que se presentan en el Mercosur.
En este contexto, no resultaría extraño que la continua participación de Venezuela en el Mercosur se convierta en materia de debate, tanto a nivel nacional como regional, no excluyéndose la opción de un retiro, tanto más si se considera la presión que ejerce el gobierno argentino para que se cumpla la normativa de los derechos humanos vigente en el bloque.
Ahora bien, si el gobierno venezolano decidiera superar su equivocado modelo, le convendría sumarse al proceso de reingeniería del Mercosur, promoviendo elementos orientados a una mayor equidad dentro del bloque. Si Venezuela asumiera una posición responsable debería plantear otras transformaciones en el primer escenario, tales como: la revisión del mecanismo de solución de diferencias, la revisión de la normativa de origen, y la incorporación de mecanismos de equidad y asimetría, como mecanismos de protección temporal.
En efecto, Mercosur ha quedado técnicamente paralizado, en medio de una gran frustración, y sin haber logrado mayores avances en los objetivos económicos y comerciales fundamentales previstos en el Tratado de Asunción. Mantener las actuales condiciones conduciría a la progresiva extinción del bloque, donde la idea del retiro ya circula en varios de los países miembros.
El fortalecimiento del Mercosur podría desarrollarse desde dos perspectivas básicas: a) el fortalecimiento del mercado ampliado y la eventual eliminación de la unión aduanera; b) la consolidación de todo el proceso previsto en el Tratado de Asunción, es decir, la zona de libre comercio, la unión aduanera y el mercado común, escenario que presenta poco respaldo y muchas dificultades.
Con el actual gobierno de Venezuela los dos escenarios indicados resultan cuestionables. El primero pareciera inaceptable y el segundo de muy difícil cumplimiento. En este contexto, no sería extraño que el gobierno bolivariano insista en mantener un tratamiento de excepción o, caso contrario, termine considerando la opción de retirarse del Mercosur.
Las responsabilidades de la “diplomacia bolivariana”
Desde el 1 de febrero hasta el 1 de marzo de 2016, la diplomacia “bolivariana” preside el Consejo de Seguridad de la ONU, y en los meses siguientes asumirá la presidencia pro tempore del MERCOSUR, la presidencia pro tempore de la UNASUR, la presidencia del Movimiento de Países No Alineados (NOAL) y volverá a representar a América Latina (junto a Cuba y el Ecuador) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El número de responsabilidades asumidas por la Casa Amarilla para este año, muestra un alto grado de irresponsabilidad de las actuales autoridades, especialmente si se toma en cuenta que con la desprofesionalización de la actual Cancillería, no podrán dar una respuesta adecuada a sus múltiples compromisos institucionales.
Lo que sí es previsible es la utilización de esos espacios como palanca para la proyección de la “propaganda” oficialista y la repetición hasta el cansancio de la falacia de que ello obedece al “respaldo mundial por las medidas revolucionarias del Presidente Maduro”, cuando en realidad se trata de funciones que se rigen por las reglas de la rotación alfabética o de la representación regional.
Los litigios arbitrales internacionales
En medio de la crisis económica y financiera actual, resulta ineludible referirse a los litigios sujetos a arbitraje en los que la República es parte.
En términos generales cabe anotar que en el 27 % de todos los litigios que cursan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Venezuela es la parte demandada, mas que ningun otro país, y que el hecho de que Venezuela se haya retirado de esa instancia arbitral en 2012 no influye en absoluto en los casos que para esa fecha y hasta un año después estaban en trámite, ni tampoco en la posibilidad de verse involucrada en nuevas demandas en las que el CIADI hubiese sido designado árbitro como consecuencia de un tratado bilateral de protección de inversiones (TBI).
Las maniobras dilatorias que ha venido intentando Venezuela –algunas con éxito- han afectado en forma notable el prestigio y seriedad de la República, tanto así que en un caso particular el árbitro dictaminó que Venezuela había actuado de mala fe en las negociaciones.
En cuanto a la valoración de los litigios en particular, algunos expertos afirman que en la mayoría de ellos habrá que hacer, tarde o temprano, desembolsos significativos. Tal el caso del reclamo de Exxon/Mobil, actualmente paralizado en espera de que el árbitro decida acerca del pedido de anulación interpuesto por la República, caso en el que están en juego más de 1.600 millones de dólares.
También se encuentran pendientes en diversas etapas procesales los casos de Conoco/Philips, Tidewater, Gold Reserves, Owen Illinois, IBC-Flughafen Zurich y más recientemente el laudo que favoreció a TENARIS apenas publicado a inicios de febrero de este año y otros que en conjunto se comenta que podrían generar pasivos del orden de los 10.000 millones de dólares.
El manejo de estos temas representa no sólo un asunto jurídico cuya trascendencia patrimonial pudiera ser definitoria, sino que abre las puertas a la necesidad de una acción coordinada de política exterior destinada a minimizar en la medida de lo posible esas consecuencias patrimoniales que afectarían gravemente el prestigio y la solvencia de Venezuela.
La economía internacional y el mercado petrolero
La economía internacional cerró 2015 sin recuperar un ritmo de crecimiento apreciable y las proyecciones para 2016 se mantienen con tasas relativamente bajas. Las causas son variadas y van desde lo que se califica de “incertidumbres macroeconómicas” hasta caídas de la productividad, pasando por la volatilidad de los tipos de cambio, bajos precios de las materias primas, flujos de comercio decrecientes y estancamiento de la inversión…3
En síntesis, significa que las economías emergentes, en particular China, han dejado de ser el motor principal del crecimiento global y que la responsabilidad para lograrlo vuelve a recaer sobre las economías desarrolladas, justo cuando éstas aún no logran dar consistencia y vuelo a sus tasas de crecimiento. Además de la caída brusca de ingresos en los países de América Latina -dependientes como nunca de su sector primario- que representan la desaceleración y el cambio de paradigma del crecimiento chino, que pasa de estar basado en las exportaciones a estarlo en la demanda interna, la situación se complica además por el realineamiento de las tasas de interés en los EE.UU., con lo cual el financiamiento de sus deudas y de sus déficit se hará más oneroso, justo cuando de menos ingresos disponen. Algunas de las principales economías de la región son las responsables, en particular Brasil, Argentina y Venezuela, y afectan los logros de las demás, que en general logran mantener un crecimiento positivo aunque moderado. El caso de Venezuela es, si se quiere, extremo, con tasas de crecimiento negativas del 10 % en 2015 y una caída estimada del 8 % para 2016, con una inflación del 275 % en 2015 y una proyección del 720 % para 2016 4.
En el presente contexto nacional de desequilibrios fiscales agravados y de ausencia de perspectivas para su corrección, de un entorno regional en desaceleración y de ingresos por exportaciones petroleras en caída libre, las perspectivas para Venezuela son extremadamente preocupantes, por lo que el albur que pretende jugar el gobierno de evitar un ajuste consensuado y ganar tiempo a la espera de que el mercado petrolero se recupere, constituye una irresponsabilidad.
En efecto, todo indica que el mercado petrolero5 no volverá a su situación ex ante dadas las profundas transformaciones que experimenta en los ámbitos geopolítico, tecnológico y de la oferta y la demanda. En particular, la producción de petróleo de esquistos o lutitas y la guerra de precios por cuotas de mercado por parte de los países productores de crudos convencionales en capacidad de hacerla, continuará durante el 2016, y si bien no se descarta que una “corrección” al alza del mercado sea posible, su impacto se sitúa en un plazo de entre 12 y 18 meses, más allá de lo que las condiciones económicas de Venezuela parecen poder soportar; sin embargo, ello dependería en alto grado de la demanda, que se estima se mantendrá deprimida por una serie de factores vinculados a la economía global, y en proceso de rebalanceo, con tendencia en el mediano plazo a una pérdida de participación del petróleo vis-a-vis otras energías tanto por razones ambientales como tecnológicas. Para cuando estas “correcciones” hayan tenido lugar es muy posible que hayamos sufrido daños considerables en la capacidad de captar inversiones y de aumentar la producción a largo plazo, arriesgando quedar relegados como un suplidor marginal y de alto costo. Dado que el declive de la producción venezolana no es reciente y la actual solvencia financiera de su industria se estima cuestionable, nada que no sea una profunda revisión del entorno macroeconómico y regulatorio de la misma podrá sacarla de su actual estancamiento, no bastando ya las fórmulas paliativas utilizadas en los últimos años en las empresas mixtas de la Faja del Orinoco6.
Conclusiones
Las conclusiones que se derivan de esta aproximación a las condiciones externas en las que se desenvuelve el proceso político venezolano a inicios del 2016 son bastante claras:
En medio de un estancado e impredecible mercado petrolero mundial, el gobierno venezolano se debate entre la urgente necesidad de diseñar y aplicar cambios de políticas que le permitan a la nación restablecer los equilibrios mínimos indispensables en lo económico para solventar la crisis social agravada que carcome su estabilidad, y tratar al mismo tiempo de salvaguardar la viabilidad inmediata y futura de su principal industria, única capaz de impedir en el corto plazo el paso definitivo de Venezuela a la condición de “país fallido”.
La gravedad de la crisis económica es de tal magnitud que para la mayoría de los expertos económicos, la necesidad de tener que acudir sea a moratorias acordadas sea a una renegociación de vencimientos, y al FMI en solicitud de auxilio financiero para poder paliar los efectos de una crisis alimentaria y sanitaria en ciernes resulta prácticamente ineludible.
Cada vez se hace más evidente que con el actual régimen, negado a dialogar y aceptar la necesidad de cambios profundos y de forma consensuada con la oposición democrática, será imposible dar esos pasos, lo que implica la necesidad impulsar a la brevedad un cambio de régimen, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución.
Caracas, febrero de 2016
1 Ver en especial la Presentación de la Memoria y Cuenta del Presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, el Decreto de Emergencia Económica, y los debates y decisiones del III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
2 V. Council of the European Union, Note 12396/15 del 03.12.2015
3 Situación y perspectivas de la economía mundial 2016. Naciones Unidas, enero 2016.
4 IMF, Latin America Regional Outlook2016
5 Antoine Halff. Columbia-SIPA Center on Global Energy Policy, Testimony before the Committee on Energy and Natural Resources, U.S. Senate, January 19, 2016
6 Monaldi (Francisco), The impact of the decline in oil prices on the economics, politics and oil industry of Venezuela. Columbia-SIPA, Center on Global Energy Policy, September 2015
El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.
