martes, 13 de diciembre de 2016

Los derechos humanos en la Venezuela actual.

Fernando Gerbasi
@fernandogerbasi


El pasado 10 de diciembre se conmemoraron 68 años de la adopción por parte de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla una variedad de derechos que van desde los civiles y políticos hasta los sociales, económicos y culturales, sin separaciones o diferencias entre unos y otros. Esta Declaración fue una clara respuesta a los horrores a los que llevó al mundo el fascismo europeo, representado esencialmente por Hitler y sus políticas de exterminio racial; también fue parte de un nuevo orden internacional que se estaba instaurando como consecuencia del triunfo aliado en la segunda guerra mundial.

La cooperación internacional en materia de derechos humanos no ha hecho que reforzarse a lo largo de estos años. Consecuentemente, la comunidad internacional convencida de la necesidad de darle asidero jurídico sólido ha adoptado un conjunto de tratados internacionales para fortalecer el sistema internacional de defensa y promoción de tales derechos entre los que cabe destacar los siguientes, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

El Estado venezolano es signatario de todos estos instrumentos adoptados con su participación activa y consentimiento. La Constitución de 1999, en su Título III, enuncia los principios fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos y el órgano que tiene la responsabilidad de su  promoción, vigilancia y defensa en el país es la Defensoría del Pueblo. No obstante lo anterior, es bien sabido que la Defensoría del Pueblo nunca ha cumplido con su cometido y que la Constitución, por vía de interesadas interpretaciones, ha sido tergiversada y violada en función de los intereses oficialistas.

Todos los Estados, de conformidad con los acuerdos internacionales y de los cuales forman parte, tienen el deber de proteger y promover todos los derechos humanos así como las libertades fundamentales de sus ciudadanos. Estos derechos, por cierto, son universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes, por lo que la privación de un derecho afecta adversamente a los otros. Quienes tienen la obligación de respetar, proteger y promover tales  derechos son los Estados, por lo que quienes están al frente de las instituciones del Estado son los responsables en esta materia.

A partir de febrero de 2014 se desata una violenta represión contra los opositores –ahí están los actuales 106 presos políticos-, por lo que el uso desproporcionado de la fuerza, que trajo consigo asesinatos, tortura física, tratos degradantes, detenciones arbitrarias, procesos políticos y persecución indiscriminada, puso en evidencia el desprecio del gobierno por los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. La consecuencia directa de ello ha sido poner de manifiesto  ante la comunidad internacional el carácter dictatorial del régimen. No hay que olvidar que a raíz de todos los avances que se han hecho en el mundo durante estos últimos 68 años en materia de derechos humanos, los gobiernos y la opinión pública internacional, condenan y denuncian aquellos gobiernos que irrespetan los más elementales estándares de los derechos humanos.

En Venezuela hay una constante y cotidiana violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tal es el caso del derecho a la vida, problema esencial y fundamental en un país donde están ocurriendo un mínimo de más de 25.000 muertes violentas al año, que nos coloca con una tasa de homicidios de  82 habitantes por cada 100.000, que hace de Caracas la ciudad más violenta del mundo pero también Valencia y Maturín figuran entre las diez primeras.

En Venezuela se está violando el derecho fundamental a la alimentación. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, “el derecho a la alimentación adecuada  se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. En nuestro país no hay acceso físico ni económico, por parte de la población, a los alimentos. Lo mismo ocurre en materia de salud y al derecho que todos tenemos de acceder a ella, ya sea a través de los sistemas de salud pública o el acceso a los medicamentos necesarios para preservar nuestra vida.

Otro derecho fundamental que es violado por el Estado en nuestro país es la libertad de expresión, que es la columna vertebral de cualquier sistema democrático. En Venezuela todos aquellos que adversan al régimen y expresan sus opiniones o ejercen su trabajo – ahí está el caso de los directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla – son perseguidos o encarcelados por sus ideas.

La oposición tiene que ser más firme y constante en la denuncia bien fundamentada, en los foros correspondientes así como ante la opinión publica mundial, de las innumerables violaciones por parte del régimen de los derechos humanos en nuestro país pues esto es lo que más motiva a los gobiernos, a las ONG y a los ciudadanos del mundo en general,  a condenar  a regímenes como el venezolano.

12 de diciembre de 2016.


Publicado en: www.elcorreodelorinoco.com  

domingo, 4 de diciembre de 2016

Declaración del Grupo Ávila." La irresponsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro provoca la salida de Venezuela del Mercosur".

El 2 de diciembre los cancilleres del Mercado Común del Sur, estatutariamente facultados, notificaron al gobierno de Nicolás Maduro el cese del ejercicio de los derechos de Venezuela inherentes a su condición de Estado Parte del Mercosur.
El único responsable de esta lamentable decisión es el mal llamado gobierno bolivariano por sus erráticas e ideologizadas políticas y su irresponsable desdén, al no incorporar a la legislación interna en su debido momento, las normas  adoptadas por el bloque regional, tal como fue el compromiso adquirido en el Protocolo de Adhesión.

La conducta autoritaria e inconstitucional del gobierno de Nicolás Maduro, más allá de estos incumplimientos de la normativa comercial, tampoco se ajusta a las disposiciones establecidas en los Protocolos de Ushuaia sobre Compromiso Democrático que exigen respeto por la democracia y los Derechos Humanos, como condición insoslayable para pertenecer al bloque y gozar de sus ventajas.
Por otra parte, su reiterada negativa a una solución pacífica, democrática, constitucional, y electoral a la grave crisis que vive el país, constituye una amenaza a la estabilidad política y social de la región.

Esta decisión no es contra Venezuela sino contra un gobierno que se conduce en el plano internacional de manera irresponsable afectando la credibilidad y prestigio del país.

Como consecuencia de esta medida, Venezuela queda suspendida del bloque de integración en tanto que miembro de pleno derecho, perdiendo así un conjunto de prerrogativas que afectan a nuestro país. Ya antes había sido rechazada de ejercer la Presidencia Pro tempore del Mercosur por las mismas razones que ahora llevan a su suspensión por tiempo indeterminado y a tener que renegociar un eventual reingreso.

Debe recordarse que el ingreso de Venezuela al Mercosur se hizo de manera apresurada, motivado por consideraciones fundamentalmente geopolíticas, que poco aportaban al interés nacional y al desarrollo integral de Venezuela. Fue además una decisión de espaldas al país, violentando el ordenamiento jurídico del bloque, atropellando los derechos de otro Estado miembro como Paraguay y valiéndose de las afinidades ideológicas que predominaban en ese momento.

Hoy el gobierno de Maduro está pagando el precio de esa irregular situación quedando fuera de los dos principales esquemas de integración regional: la Comunidad Andina de Naciones  y el Mercado Común del Sur, acentuando de esta manera su aislamiento de la comunidad hemisférica y regional.

Caracas 3 de diciembre de 2016




El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.


lunes, 21 de noviembre de 2016

De los narco-sobrinos al narco-régimen.

Fernando Gerbasi
@fernandogerbasi

Es cierto que desde hace unas dos décadas Venezuela es considerada, a nivel internacional, un importante país de tránsito para el paso de narcóticos hacia mercados importantes de consumo como los Estados Unidos  y Europa. No obstante, existe una gran diferencia entre lo que ocurría en esta materia en los años noventa y la manera y forma cómo se nos ve, en este delicado asunto, desde mitad de los años dos mil.

Venezuela, por su localización geográfica y la extensa frontera que la une a Colombia, es un paso que pudiera considerarse natural para el tráfico de droga en especial la que va destinada a Europa,  producida en Colombia e incluso en Perú y Bolivia. Por ello, las autoridades venezolanas, en conjunción con las colombianas y a través de los correspondientes acuerdos bilaterales, combatieron y de manera denodada el tráfico de narcóticos por nuestro territorio durante la década de los noventa. En esa época no se señalaba a personas o instituciones venezolanas como engranajes del narcotráfico, mucho menos al gobierno; en cambio, y particularmente a partir de la segunda mitad de los años dos mil, es más que normal denunciar a personas, políticos, militares, empresarios e instituciones nacionales, como sujetos integrantes de bandas organizadas de narcotraficantes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del  Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, decidió desde el año 2008 y como consecuencia  de lo que fuera encontrado en las famosas computadoras del jefe guerrillero colombiano alias “Raúl Reyes”, que varios venezolanos estaban incursos, conjuntamente con las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia, FARC, en  el negocio del narcotráfico. Esta lista ha sido ampliada posteriormente por lo que al día de hoy hay nueve venezolanos incluídos en ella. Estos venezolanos proceden de distintas formaciones y orígenes y a pesar de que la mayoría son militares retirados todos se destacan por ser miembros del partido de gobierno o afines al régimen por lo que han ocupado o ocupan cargos de ministros, gobernadores, diputados o miembros de los servicios de inteligencia y contra inteligencia.

A pesar de que Venezuela es un país en el que no se cultiva, no se produce coca –aunque desde algunos años han aparecido algunos laboratorios en suelo venezolano- se ha convertido, a los ojos del mundo, en un gran centro del narcotráfico internacional como país puente o de tránsito. De conformidad con expertos en la materia, se ha utilizado la presión política y el control sobre las vías de comunicación, puertos y aeropuertos, para que venezolanos se involucren y se lucren directamente de este nefasto negocio que tanto daño le hace a la humanidad y muy particularmente a la juventud del mundo. Desde territorio venezolano parten aviones cargados de droga con destino a Honduras y Guatemala y de ahí, por tierra, hacia los Estados Unidos. Por mar llega la droga a las costas africanas y desde ahí siguen hacia España para penetrar a Europa. Fuentes europeas han señalado que el 60% de la coca que ingresa a Europa por África procede de Venezuela.

Si alguien pudiera haber tenido dudas sobre esta lamentable y desacreditadora situación no tiene sino que referirse a la reciente decisión tomada por un jurado independiente de 12 personas, escogidas entre más de 90, que en la ciudad de Nueva York encontraron culpables por unanimidad a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, de haber conspirado para introducir y distribuir grandes cantidades de droga -800 kilogramos- en los Estados Unidos, lo que está penado con un mínimo de 10 años de cárcel y como pena máxima la cadena perpetua,  ya  que fueron calificados desde un principio por la fiscalía como cabezas de una organización criminal.

Como ambos traficantes son sobrinos de la pareja presidencial venezolana –que por cierto guarda total silencio después de la decisión del jurado-, la noticia de dicha culpabilidad ha dado, como es más que normal, la vuelta al mundo y ha hecho que ahora, más que nunca, se mire a Venezuela como un narco-régimen o narco-estado.

Cuánta razón tiene el ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, cuando declara lo siguiente: "Lo que tiene Venezuela es un narco - estado; muchos de los altos funcionarios de ese gobierno han estado involucrados en narcotráfico y saben qué futuro les espera cuando abandonen el poder", advirtió el ex mandatario. "Esa es la razón fundamental para negarse a que se haga el referendo revocatorio en ese país", añadió.

21 de noviembre de 2016.


Publicado en: www.elcorreodelorinoco.com  

lunes, 31 de octubre de 2016

Trampa Cazabobos

Fernando Gerbasi


Una vez más nos vemos obligados a comentar el diálogo entre oposición y gobierno y lo hacemos porque pensamos que en las actuales circunstancias y tal como está planteado puede ser una simple trampa cazabobos.  No es que nos opongamos a él, pues nadie puede objetar el mecanismo más sensato que existe para encarar situaciones conflictivas y encontrar, de común acuerdo, soluciones a tales conflictos que satisfagan a todas las partes. Desde que existe la humanidad los hombres han dialogado. En la medida en que las sociedades han avanzado los mecanismos del diálogo se han perfeccionado.

No obstante, cuando se tiene en frente a un gobierno que aparenta ser democrático, porque realizan elecciones cuando le conviene  pero no las lleva a cabo cuando sabe que será derrotado, como sería el caso si se realizara el referendo revocatorio previsto en el artículo 72 de nuestra Constitución,   o rompe el hilo constitucional a través del TSJ, tribunales y el CNE,  entonces el diálogo no es posible. Y no es posible cuando los mediadores ya han tomado partido de antemano, como es el caso de los tres ex presidentes que el gobierno buscó para que actuaran como tales.

Si es verdad que la presencia del representante del Vaticano le da respetabilidad y credibilidad al diálogo, ello en si mismo no garantiza que el gobierno participe de buena fe, acate lo establecido en la Constitución, libere a los presos políticos, permita el regreso de los exiliados,   no continúe con la persecución política y busque soluciones reales a los ingentes problemas que confrontamos los venezolanos, pero por encima de todo, se comprometa a cumplir con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y respete la renovación e independencia de los poderes públicos.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Monseñor Diego Padrón expuso la visión y lo que espera la Iglesia del diálogo, “El diálogo no puede ser sustitución de un derecho del pueblo. No viene a enfriar al pueblo ni a quitarle la voluntad de revocar. El gobierno niega la crisis, esconde las colas que los venezolanos tienen que hacer, pero existen y se mantienen los mismos problemas”.


A través del diálogo el oficialismo lo que está fraguando es una política de sobrevivencia. Estamos conscientes que se oponen a la realización del referendo revocatorio porque saben que no solamente Maduro perderá la presidencia sino que también ellos perderán el poder. Por eso, deben llegar a toda costa al 10 de enero de 2017, fecha plazo impuesta por la Constitución – que en este caso si acatarían porque les conviene - cuando sí permitirían el referendo revocatorio ya que Maduro saldría pero su mandato lo culminaría el vicepresidente de la República. De esta manera ganarían tiempo hasta el 2019, tratando de recuperarse como fuerza política pero  con toda seguridad seguirían gestionando el caos como política de Estado y por lo tanto hundiendo, aún más, a Venezuela en la miseria y desolación.

Nos encontramos en un momento que nos llena de perplejidad. Frente a un oficialismo que sabe lo quiere y pretende, a una presión internacional favorable al diálogo pero que pareciera desconocer la realidad de lo que vivimos y prueba de ello fue el silencio  sobre la democracia en Venezuela que sostuvo la reciente Cumbre Iberoamericana en sus conclusiones, la oposición se presentó a la reunión del pasado 30 de octubre dividida y no adecuadamente representada y sin claridad de objetivos.

Si el liderazgo opositor continúa con las marchas y contramarchas, carente de una visión estratégica unitaria, perderá irremediablemente la credibilidad ante la ciudadanía y nos expondrá a innecesarias confrontaciones.

Cabe recordar una frase que le escuché en una oportunidad a un importante líder político brasilero, “La popularidad es como las olas del mar, va y viene, pero la credibilidad cuando se pierde, se pierde para siempre”.

31 de octubre de 2016.

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