jueves, 19 de diciembre de 2013

LIBERTAD PARA SIMONOVIS




GRUPO AVILA 


Al acercarnos a una nueva celebración de la Navidad, época propicia para la reflexión y acción cristianas, y ante la necesidad de conducir al país por caminos de paz, entendimiento y diálogo sincero, el Grupo Ávila desea sumarse a los numerosos llamados a la excarcelación del comisario Iván Simonovis, los cuales han sido no solo constantes a lo largo de varios años, sino provenientes además de diversos sectores dentro y fuera del país, que la considerarían como una acción cristiana, necesaria y de buena voluntad. Su liberación sería un gesto humanitario y recibida con beneplácito.

En esta ocasión especial y a las puertas de un nuevo año cuyo discurrir se nos presenta como difícil y complejo, el Grupo Ávila desea añadir su voz a los numerosos llamados realizados por distintos sectores y personalidades de la vida nacional, para lograr la excarcelación del comisario Iván Simonovis por razones de humanidad, en vista del avanzado deterioro de su salud, agravada por las precarias e inhumanas condiciones de su prolongado cautiverio.

Caracas, 19 de diciembre de 2013

jueves, 5 de diciembre de 2013

El Grupo Ávila, frente a la escalada de persecución ilegal y antidemocrática


El Grupo Ávila, preocupado por la conducta del gobierno y los acontecimientos políticos de los últimos días, expresa su repudio a la escalada de persecución ilegal y antidemocrática, y las flagrantes violaciones de los derechos humanos, que poco contribuyen al necesario clima de sosiego que debería imperar en el crucial momento electoral actual.

En medio de una insostenible crisis política, económica y fiscal y ante unas elecciones municipales que se celebran a menos de ocho meses de la controvertida elección presidencial de abril de 2013, el régimen de Nicolás Maduro ha puesto a un lado cualquier posibilidad de diálogo y entendimiento con la oposición democrática y acentúa el camino de la persecución judicial, la represión y el autoritarismo, sumiendo así al país en una peligrosa espiral de violencia.

A los emblemáticos casos de violaciones de los Derechos Humanos de la Juez Afiuni y del Comisario Iván Simonovis, se han sumado en los últimos días graves hechos de violencia política tales como: el asesinato de un candidato de la UNIDAD a concejal en el Distrito Mara del Estado Zulia; los ataques con bombas incendiarias contra el vehículo del gobernador Henrique Capriles y las agresiones al Diputado Miguel Cocchiola, en los Estados Aragua y Carabobo, así como el secuestro del general Ramón Lozada Saavedra, asesor de la Comisión de Asuntos Agroalimentarios de la UNIDAD.

A estos hechos violentos, imputables a grupos afectos al oficialismo y promovidos desde el poder mediante una sistemática propaganda de odio y de violencia verbal dirigida a predisponer a un sector de la población contra otro, se añaden también otros abusos del gobierno, tales como el decretar el 8 de diciembre como el “día de la lealtad a Chávez”, un grosero acto de intimidación proselitista; la arbitraria detención del coordinador nacional de giras del gobernador Capriles; la inhabilitación del candidato de la UNIDAD a alcalde por el municipio Baruta; la pretendida maniobra judicial contra el Alcalde Metropolitano y candidato a la reelección Antonio Ledezma; y las falsas acusaciones de irregularidades administrativas contra Henry Falcón, Gobernador del Estado Lara.

No menos preocupante resulta la profundización del discurso oficial insultante, encaminado a generar odio, división y violencia, para exponer al escarnio público, sin el más mínimo fundamento, a líderes opositores democráticos, a los representantes de los productores y comerciantes, y en general al ciudadano común que no comulgue con la particular visión ideológica gubernamental.

Los hechos antes referidos revisten tal gravedad que incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha visto obligada a expresar su profunda preocupación por los mismos y su convicción de que en el marco de una campaña electoral esa conducta persigue producir un efecto amedrentador frente a las expresiones críticas o disidentes de las personas que las autoridades consideran como opositores políticos.

El errado camino emprendido por el oficialismo, como salida a la desmoralización y el desespero que impera en su seno por la acelerada pérdida de su sustento popular, pareciera augurar tiempos de mayor persecución, represión y violencia del oficialismo en Venezuela, por lo que hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional a estar particularmente atenta al acontecer político venezolano durante la presente coyuntura.

Caracas, 4 de diciembre de 2013

El Grupo Ávila, creado en mayo de 2005, está integrado por: Milos Alcalay; Pedro Pablo Aguilar; Rodrigo Arcaya; Erik Becker Becker; María Teresa Belandria; Carlos Bivero; Jocelyn C. Henríquez Schemel; Guillermina Da Silva; Sadio Garavini Di Turno; Fernando Gerbasi; Beatríz Gerbasi de Drastrup; Edmundo González Urrutia; Rafael Hernández; Emilio Nouel; Rosario Orellana Yépez; Alexandra París Parra; Norman Pino De Lion; Adolfo P. Salgueiro; José Ramón Sánchez; María Teresa Romero; Maruja Tarre; y Adolfo R. Taylhardat.



miércoles, 11 de septiembre de 2013

DECLARACIÓN DEL GRUPO ÁVILA FRENTE A LA DENUNCIA DE VENEZUELA DE LA CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS



Con motivo de haberse cumplido el 10 de Septiembre el plazo de un año que establece el artículo 78 de la Convención Americana de los DDHH para hacer efectiva su denuncia, el Grupo Ávila, mediante esta declaración pública, fija su posición ante esta lamentable decisión adoptada por el gobierno de Venezuela.

En la presente época del desarrollo sociopolítico de la humanidad en la que la vigencia, protección y garantía de los Derechos Humanos ocupa un lugar cada vez más preponderante, como principio y norma de actuación para los gobiernos democráticos y la Comunidad Internacional, resulta  incomprensible e inadmisible que un Estado que ha venido siendo partícipe del Sistema Interamericano de Protección de los DDHH  desde 1977, elija excluirse de éste alegando un superado concepto de soberanía estatal. Tal conducta permite presumir que la verdadera intención es la de sustraerse al control jurisdiccional hemisférico, y así impedir a la CIDH revisar las decisiones de los tribunales nacionales cuya independencia ha sido puesta en duda reiteradamente en nuestro país.

Destacamos el hecho de que el documento de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, notificada al Secretario General de la OEA por el Estado Venezolano, señala que  la República se excluye no sólo de la competencia de la Corte Interamericana sino también de la Comisión respectiva lo cual constituye un serio error toda vez que la Comisión es un órgano estatutario de la OEA y por tanto no resulta compatible ser miembro de la organización regional sin la aceptación íntegra de su Carta. Tal inconsistencia amerita una aclaratoria inmediata.

Asimismo, nos hacemos solidarios con el argumento contenido en los recursos de inconstitucionalidad introducidos por diversas organizaciones en contra del acto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 6 de septiembre de 2012 contentivo de la denuncia por cuanto el mismo es contrario al espíritu y texto del artículo 23 de la CRBV que dispone que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno…..”. La Convención Americana reviste la condición indicada y por tanto se requeriría una nueva constitución para poder retirar esa disposición.

Adicionalmente, se viola el espíritu y texto del artículo 31 de la CRBV que consagra el derecho de las personas “…en los términos establecidos  por los tratados, pactos y convenciones sobre DDHH ratificados por la República a dirigir peticiones o quejas ante los organismos internacionales creados para tales fines…”

También se viola flagrantemente el principio de la progresividad en materia de DDHH consagrado no sólo en el artículo 19 de la CRBV sino como base fundamental de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, cuya jerarquía fue definida como “Poder Constituyente Originario”
Por otro lado, el artículo 339 de la CRBV dispone que para el caso de dictarse “Estado de Excepción” el decreto que lo consagre deberá ajustarse entre otros extremos a lo dispuesto en la Convención Americana  sobre DDHH.

Por último, resulta incongruente la denuncia de la Convención con los contenidos de otros instrumentos internacionales suscritos por la República, en los que se hace referencia expresa al Sistema Interamericano de Protección de los DDHH, como son los casos de la Carta Democrática Interamericana y Mercosur (Protocolo sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los DDHH).  

Por todo lo expuesto, el Grupo Ávila expresa su profundo rechazo a la decisión adoptada e implementada por el Poder Ejecutivo, demandando a quienes hoy detentan el poder a derogarla de inmediato, tal como lo hizo el gobierno del Perú cuando retiró su no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana, teniendo en cuenta que si así lo hiciere el efecto de restituir a la República al Sistema Interamericano de Protección de DDHH sería inmediato y no requeriría ninguna acción ulterior.

Caracas, 11 de septiembre de 2013 
















martes, 11 de junio de 2013

Cuando la impericia gobierna.


Fernando Gerbasi[i]

Una vez mas el gobierno venezolano pone en peligro las relaciones bilaterales colombo venezolanas, a raíz del encuentro privado entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la oposición venezolana Herinque Capriles. La reacción del gobierno venezolano y lideres del oficialismo fue desproporcionada, grosera y altanera y para nada cónsona con las prácticas que deben regir el devenir de las relaciones entre dos Estados destinados, por la geografía,  a entenderse.

Esta reacción fue desencadenada por el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, - quien constitucionalmente no tiene nada que ver con la orientación y manejo de la política exterior del país,-  al declarar que el presidente Santos le estaba poniendo una bomba de tiempo a las relaciones bilaterales al recibir a un asesino fascista.  Tanto Maduro como el canciller Jaua fueron implacables en sus declaraciones contra Colombia en la persona de su presidente y gobierno.  Para el canciller venezolano ese encuentro, como minino, tendía a “descarrilar” las relaciones bilaterales y obligaba a revisar la participación de Venezuela, en calidad de acompañante, en las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana.

Por su parte, las autoridades del país hermano minimizaron el asunto al punto que el propio presidente Santos lo calificó de malentendido y decidió que su gobierno lo resolviera por los canales diplomáticos.  

El gobierno venezolano, ya sea por impericia o voluntarismo político se equivocó al evaluar lo ocurrido e incurrir en amenazas  que, de ponerlas en práctica, no solo no le aportarían beneficios sino mas bien mas desprestigio internacional y aislamiento. Si decidiera salirse de las negociaciones de paz no las pondría nunca en peligro pues éstas han alcanzado su velocidad de crucero, particularmente después del primer acuerdo entorno a la cuestión agraria, y por lo tanto, cada día que pasa su éxito o fracaso son  responsabilidad única del gobierno colombiano y de las FARC. Además, el papel que desempeñó Venezuela, por muy importante que éste haya sido, hoy en día es marginal pues tan solo actúa como acompañante del proceso, nunca como facilitador o mediador.

Si decidiera el gobierno de Venezuela dejar La Habana daría muestras de haber mantenido una postura insincera en cuanto a la paz de Colombia, y su única consecuencia sería dejar varados a los negociadores de las FARC en esa ciudad, que fue bella.

Poner en peligro las relaciones bilaterales, por razones eminentemente políticas no puede sino calificarse de temerario a la vez que torpe. Aunque el comercio bilateral ha decaído y difícilmente volverá a alcanzar el esplendor que significo durante parte  de la década pasada, particularmente el año 2.008,  Colombia, por su cercanía y facilidad en el transporte,  sigue siendo un abastecedor importante de productos alimenticios, sanitarios y farmacéuticos en momentos en que el país atraviesa, quizás, por su peor crisis de abastecimiento en estos rubros.

Toda la alharaca creada por el oficialismo venezolano ante la visita de Capriles a Colombia no le traído sino efectos internacionales negativos a éste, y positivos para Capriles así como para Santos.

Un hecho bilateral lo potenciaron y lo convirtieron en noticia internacional, donde destacó el lenguaje destemplado, inamistoso y pendenciero de las autoridades de nuestro país. Capriles recibió reconocimiento como líder de la oposición y sus planteamientos  sobre el engaño a  los Jefes de Estado de UNASUR que convinieron en una formula para  la auditoría de todos los votos emitidos en las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, en lo que se comprometió Nicolás Maduro y que luego no cumplió, fueron  ampliamente difundidos por la prensa internacional. El presidente Santos, quedó como lo que es, un demócrata.  En esta ocasión unió a los colombianos entorno suyo, incluyendo al ex presidente Uribe, pues como toda nación se sienten con el derecho de definir su propia agenda internacional sin imposiciones externas.

Todo consecuencia de un gobierno que sufre el desgaste de luchas intestinas, y que se siente sin piso político. Y de que Maduro no es Chávez.



[i] Publicado en Sexto Poder. Año 3, Nº 140.


viernes, 5 de abril de 2013

El rol presente y futuro de Venezuela en el nuevo multilateralismo latinoamericano.


Fernando Gerbasi


El nuevo multilateralismo latinoamericano.

No cabe duda que la integración, ya sea en su alcance más específico,  económico y comercial, o mas amplio en el que prevalece lo político y lo supranacional, es una de las vías mas apropiadas para alcanzar, conjuntamente, metas regionales, políticas, económicas,  sociales y culturales. Además, ella facilita en mucho la inserción internacional de los países, particularmente los en desarrollo,  pues los hace menos vulnerables al impacto de la globalización, le da sustentabilidad al desarrollo, mejora la calidad de vida de sus ciudadanos y contribuye a la paz y estabilidad regional.

En la América Latina y el Caribe existe una larga historia y trayectoria integracionista, e independientemente de sus éxitos o fracasos ella ha contribuido, paulatinamente, a la construcción de una identidad regional, tan necesaria hoy en día pues la agenda internacional obliga a la región a concertar respuestas que no sólo incluyan a los gobiernos sino también a la sociedad civil organizada. Hoy en día, esta integración es concebida en la región mas desde un punto de vista político que económico o comercial. Tiene un alto contenido social y busca reducir las asimetrías derivadas de los diferentes niveles de desarrollo.

Es en este contexto que se inserta el nuevo multilateralismo latinoamericano y caribeño, cuyos mecanismos representativos son: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA - TCP, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Nos interesa determinar y evaluar el papel asumido por los gobiernos del presidente Hugo Chávez Frías,  en la creación y puesta en funcionamiento de estas nuevas instancias regionales de integración, así como los cambios que este papel pudiera experimentar frente a la transición política venezolana.

Este nuevo multilateralismo se caracteriza por:

1.- Concebir Foros que sirven para el diálogo y la concertación política entre los lideres latinoamericanos. Por lo tanto, evitan la confrontación y resuelven  los conflictos y facilitan y fortalecen la coordinación de políticas así como la cooperación.

2.- Participación directa de los Jefes de Estado o de Gobierno, lo que hace que en la práctica ellos sean los actores principales de este nuevo multilateralismo.

3.- Debilidad institucional. La omnipresencia de los mandatarios subsume el papel de los secretariados de algunas instituciones y les resta autonomía. La práctica de establecer secretarías protempore, patrón tradicional latinoamericano, debilita sustancialmente la institucionalidad. Nada indica que estos Foros en el futuro sean instituciones fuertes, independientes y permanentes. Además, se constata un bajo grado de coordinación entre los distintos mecanismos regionales.

4.- Limitación en la participación ciudadana. Toda vez que la diplomacia latinoamericana sigue siendo, como lo demuestran las Cumbres, hiperpresidencialista en su naturaleza, la participación de la sociedad civil organizada se ve bastante relegada. No obstante, en el caso del ALBA – TCP, donde se habla de la “Diplomacia de los Pueblos”, esta participación ocurre enmarcada ideológicamente.

Dos países han influido, de manera particular, en la conformación del nuevo multilateralismo latinoamericano. Estos son Brasil y Venezuela. Las consideraciones y motivaciones, en general de política interna, han sido diferentes pero ello no ha  sido óbice para que sobreviniesen algunas convergencias.

Brasil apoya al multilateralismo en el marco de su estrategia de política exterior. Esta es la razón por la cual  a nivel regional, si bien  pretende “la construcción de una América del Sur políticamente estable, próspera y justa”, tal como lo planteara el presidente Luis Ignacio Lula Da Silva en su momento, juega a un “institucionalismo débil”, pues es renuente a fortalecer las instituciones que eventualmente pudieran coartar su autonomía de acción, especialmente a nivel global. Actúa a través de la diplomacia, el diálogo, el convencimiento y la búsqueda de consenso por lo que su política exterior se enmarca claramente en lo que se conoce como soft power.

Venezuela, durante los catorce años del gobierno del presidente Hugo Chávez, evolucionó en su política exterior hacia la conformación de un “Bloque Latinoamericano de Poder”, que genere una nueva institucionalidad regional con base a la democracia participativa, la inclusión de los pueblos y su concurso directo en mecanismos internacionales de toma de decisión. Pretendió neutralizar la presencia de los Estados Unidos de América en la región fortaleciendo los movimientos sociales alternativos. Esta política exterior se llevó a cabo con base al uso del petróleo y de los excedentes financieros petroleros como arma/herramienta de persuasión y/o de presión, por lo que ella se inscribe claramente en lo que se conoce como hard power.


Fundamentos de la Política Exterior de Chávez y fines en América Latina.

Para el presidente Hugo Chávez las relaciones internacionales eran un sistema de confrontación, particularmente entre el imperio (léase los Estados Unidos de Norteamérica) y Venezuela y aquellos países que acompañaban la Revolución Bolivariana. Consecuentemente, tuvo una visión geopolítica e ideológica del sistema internacional. Además, pretendió un elevado protagonismo internacional, tanto a nivel regional como mundial, fundado en el componente ideológico. Todo lo anterior procuró otorgar un rol de líder mundial a Chávez, contribuir a proyectar la revolución a nivel internacional y sustentarla internamente. La política exterior  estuvo directamente vinculada a los avances internos de  la revolución bolivariana: ello, porque la evolución del proceso revolucionario bolivariano es indisolublemente nacional-internacional.

La principales características de esta política exterior fueron las siguientes:

Ø  La política exterior del presidente Hugo Chávez, estuvo  directamente vinculada y reflejó los avances logrados internamente por la Revolución Bolivariana para tratar de llegar,  de manera paulatina pero sistemática, al “socialismo del siglo XXI”.

Ø  Existió un plan  geoestratégico que se propuso la construcción de un nuevo mundo multipolar basado en la creación de nuevos polos de poder que representasen el quiebre de la hegemonía del “imperialismo norteamericano”.

Ø  Se utilizó la variable energética  como puntal en la conformación de un nuevo mapa geopolítico al tiempo que promovió iniciativas en materia de integración, cooperación financiera y todo un esquema de alianzas y redes de apoyo con movimientos alternativos transfronterizos y transnacionales.

Ø  Utilizó la ingente renta petrolera para promocionar y promover la Revolución Bolivariana, tanto a nivel mundial como muy particularmente a nivel regional.

Ø  La política exterior obedeció al proyecto político personalista y autoritario del Presidente Hugo Chávez, por lo que respondió a sus propios intereses políticos y no a una política del Estado venezolano.

Ø  Principales Iniciativas: ALBA (14 de diciembre de 2004), Petrocaribe (29 de junio de 2005), Petrosur (marzo de 2005) y Petroandina  (18 de julio  de 2005), así como Petroamérica, Telesur y Banco del Sur.

Ø  Alianzas en la región  con Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, al igual que con Argentina y Brasil en el marco del eje bolivariano. En tal sentido, en abril del 2006 denunció la participación de Venezuela en el Grupo de los Tres y de la Comunidad Andina y se adhirió al Mercosur; además, siguió impulsando el ALBA. Por otra parte, fue evidente el apoyó que dio, en algunos casos con éxito, a candidatos aspirantes a la presidencias de sus países que en nuestra región comulgaban con sus ideas, así como logró movilizar a su favor seguidores en diferentes países, como  los piqueteros de Argentina, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, los grupos indigenistas en Bolivia y Ecuador, y sectores de los zapatistas en México.

Ø  Al señalar en el Primer Plan Socialista Simón Bolívar (2.007), a Latinoamérica  y el Caribe como un área de interés geoestratégica para Venezuela,  enfatizó la voluntad de neutralizar las  actividades del imperio a través del fortalecimiento de la solidaridad y de la opinión pública con  los movimientos sociales alternativos en los diferentes países de la región, es decir las agrupaciones campesinas, indígenas, las entidades cooperativistas, los movimientos sociales de cualquier naturaleza. Lo que se pretendió fue crear una zona de hegemonía “revolucionaria” venezolana directa e incuestionable en la región o lo que en ocasiones el gobierno calificó como la conformación de un bloque latinoamericano de poder.

Ø  La utilización del petróleo y de los petrodolares como arma/herramienta/instrumento de presión para el logro de los objetivos en materia de política exterior, es lo que hace que se califique esta política de aplicar un poder duro o hardpower. De ahí que su visión de la integración o de los nuevos mecanismos multilaterales regionales, no obedeció a la búsqueda de nuevos mecanismos de cooperación sino mas bien de instrumentos, que en su accionar duro, le permitiesen actuar en su intento de modificar las estructuras de poder internacional que consideraba injustas.


La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP).[i]

En el marco de la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en 1999, el presidente Chávez proponía avanzar hacia la conformación “de una Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños”[ii]  y en la III Cumbre de la misma Asociación, que tuvo lugar en el 2001, esbozó la idea de lo que sería la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA[iii], que se concreta el 14 de diciembre de 2004, cuando conjuntamente con el Presidente Fidel Castro, firman la  Declaración Conjunta para la creación de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. A partir de junio de 2009 pasó a denominarse Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP). Actualmente, además de Venezuela y Cuba, la integran Bolivia, Nicaragua, Dominica, San Vicente y Las Granadinas, Ecuador, Antigua y Barbuda; más recientemente  Santa Lucía y Surinam solicitaron el ingreso como miembros plenos y se le otorgó el status de miembro permanente a Haití. Son observadores de la ALBA – TCP los siguientes países: Irán, Siria y Canadá-

La ALBA – TCP ha realizado hasta el presente 18 Cumbres presidenciales, de las cuales 11 ordinarias y 7 extraordinarias. En Venezuela se han llevado a cabo 10, en Cuba 3, en Nicaragua 2 y en Bolivia, Ecuador y Honduras (cuando era miembro) 1, respectivamente.  

La ALBA - TCP se fundamenta, esencialmente,  en las iniciativas del presidente Chávez y en los recursos petroleros de Venezuela por lo que su epicentro está en nuestro país. Es una propuesta que responde a un desiderátum de “unión política” contraria a los clásicos proceso de integración enmarcados en lo establecido en la OMC.

No cabe duda que la ALBA - TCP responde, ante todo, a la visión geoestratégica, política e ideológica del presidente Chávez por lo que este proceso, desde este punto de vista, es exitoso. Es ante todo un espacio ideológico. La ALBA se enmarca claramente dentro del objetivo de establecer un Bloque Latinoamericano de Poder y posibilitar la conformación de un mundo multipolar, como vía y medio para enfrentar la hegemonía imperialista norteamericana.

Aunque introduce nuevos elementos conceptuales en materia de integración regional éstos son de fuerte contenido ideológico.  En efecto, uno de sus primeros principios es el de pasar de la lógica de la competencia que impone el mercado a la de la cooperación y solidaridad, para poder así superar la pobreza y las asimetrías entre los países.

Además, se sustenta en el intercambio solidario asociado a ventajas complementarias, y en la integración y cooperación energética (PETROCARIBE), así como la integración financiera a través del Banco del ALBA y el Fondo ALBA-Caribe. Igualmente la integración comunicacional vía TELESUR.

PETROCARIBE (2005) merece mención especial pues es el mecanismo por medio del cual Venezuela ofrece crudo y derivados a los otros 17 países miembros. Ello se hace a través de un mecanismo de pago diferido de una parte importante de la factura petrolera que varía en función del precio internacional del petróleo. Mientras más bajo el precio menos porcentaje se financia así como lo contrario. Toda vez que a partir de 50 US$ de precio internacional del crudo se financia el 40%, hasta llegar a un 70% cuando el precio alcance los 150 US$, se puede decir que durante los últimos años y términos generales se ha financiado entre el 50% y el 60 % de la factura petrolera de los países miembros, a una tasa de interés del 1% pagaderos en 23 años con 2 de gracia.

En el caso de Cuba, que recibe alrededor de 100 mil barriles diarios de crudo y combustibles, el valor de la factura petrolera, desconocido a la fecha, se cancela con el trabajo de médicos, instructores deportivos y asesores en otros sectores, incluyendo el militar. Nicaragua cancela gran parte de esa factura con carne, además de otros rubros como caraotas, arroz y café. República Dominicana, en parte,  con granos.

Además, PETROCARIBE es más que un acuerdo de suministro con facilidades de pago para los países miembros, pues a través del Fondo ALBA – Caribe  desarrolla proyectos sociales en las áreas de turismo, educación, salud, vivienda, saneamiento ambiental, vialidad, deporte y agricultura. De este Fondo se han asignado179 millones de dólares a 85 proyectos, en 11 países de la región; y 29 millones de dólares a 3 proyectos eléctricos.

Por otra parte, con la constitución de empresas mixtas entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las petroleras estatales de ocho países integrantes de la iniciativa, se llevan a cabo inversiones conjuntas para el desarrollo de infraestructura de refinación, almacenamiento y despacho de combustible.

Finalmente, está en proceso de conformación una Zona Económica ALBA – TCP/PETROCARIBE.

La relación comercial, en el ALBA – TCP,  tiene lugar con base a los Tratados de Comercio de los Pueblos, TCP, que se sustentan en los principios de solidaridad, reciprocidad, transferencia tecnológica y  aprovechamiento de las ventajas complementarias  de cada país. En el 2009, ultima cifra oficial que se conoce, el intercambio comercial entre los países miembros tan sólo alcanzó los 4.352 millones de dólares[iv]. Hay una moneda contable el SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) equivalente al dólar americano, y  una Cámara de Compensación de Pago, utilizado por todos los países de la  ALBA – TCP  para sus transacciones comerciales con la excepción de Dominica. Además, han puesto en práctica los siguientes llamados proyectos grannacionales: el Banco del ALBA, ALBA Alimentos, ALBA Cultural, ALBA Educación y ALBA Salud. Igualmente, en algunos casos se han creado, especialmente con Nicaragua, las denominadas empresas grannacionales.

A diferencia de UNASUR y la CELAC, la ALBA pretende una mayor participación de los movimientos sociales de los países miembros en el proceso, siempre en el marco de un contexto ideológico. Por ello, en la Cumbre de Tintorero de 2007, se convocó la constitución de un Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, que tardó mucho en conformarse. El capítulo venezolano se constituyó en mayo de 2011 y es muy poco o nada lo que ha hecho.

Hay que subrayar que aún hay que darle tiempo al tiempo para confirmar el funcionamiento eficaz del Banco del ALBA, el futuro del SUCRE y la validez de los TCP, a través de su implementación.

El ALBA - TCP tiene una institucionalidad “formal” bastante bien conformada, que es la siguiente:


La ALBA – TCP no tiene cláusula democrática, como es común en otras iniciativas regionales como UNASUR y CELAC.

El fuerte contenido ideológica de la ALBA – TCP, constituye en si mismo una limitante para el ingreso de nuevos países, toda vez que éstos tienen temor de adherir a un proceso caracterizado más por la confrontación antiamericana que integracionista. Además, el peso financiero de Venezuela y su voluntarismo político es tal, que en definitiva la ALBA - TCP sobrevivirá siempre y cuando el gobierno venezolano mantenga su voluntad política puesta en este mecanismo. Incluso, hay autores que se preguntan “si este proyecto es viable de manera independiente, por ejemplo, a la figura del presidente venezolano Hugo Chávez, su máximo impulsor”[v]

La Unión de Naciones Sudamericanas. UNASUR.

UNASUR, es un proyecto concebido  en Itamaraty a finales de los ochenta, con la idea de crear un área de libre comercio subregional. Evolucionó de una propuesta de un Área de Libre Comercio de Sudamérica (ALCSA) (1993), a la constitución de la “Comunidad Sudamericana de Naciones” (CSN) (2004), para luego transformarse en UNASUR, cuyo tratado constitutivo entró en vigor en el 11 de marzo de 2011 y está constituida por los 12 países del subcontinente sudamericano.

Venezuela influyó en la concepción de lo que es UNASUR, al proponer la integración en materia de energía y la creación del “Banco del Sur”. También el presidente Chávez influyó, con la asistencia de Bolivia, en el cambio de nombre en UNASUR, significando ello la promoción de una visión alternativa al modelo neoliberal que según él representaban la CAN y MERCOSUR. En definitiva, existe, en el fondo, visiones encontradas entre Brasil y Venezuela con respecto a UNASUR, en cuanto a su naturaleza y orientación.

Es una organización que puede ser caracterizada como de cooperación política, tendente a establecer una estructura permanente que favorezca el dialogo político y ordenado entre sus miembros, así como la concertación política en diversas áreas, particularmente en lo tocante a la infraestructura, finanzas, políticas sociales, energía y defensa.

En UNASUR convergen intereses de todos los miembros y puede ser visto como un espacio para la generación de consensos y la conformación de intereses comunes que se podrían lograr mejor a través de un marco regional.


La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. CELAC.

En la Riviera Maya, México, en febrero de 2010, se realizó la Cumbre de la Unidad, donde se realizaron conjuntamente las Cumbres de la CALC y la XXI del Grupo de Río, y los mandatarios decidieron la creación de la CELAC, que se concretó en Caracas en diciembre de 2011. Nace con base a propuestas brasileñas y mexicanas.

La CELAC es un mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los Estados latinoamericanos y caribeños y un espacio común que garantiza  la unidad e integración de la región.

La CELAC refleja el compromiso político de los países de la América Latina y el Caribe de construir una agenda común, alcanzar posiciones compartidas y ampliar su capacidad de influencia global para beneficio de la región, con la finalidad de obtener un mayor peso conjunto en el escenario internacional.

Conclusiones y Propuestas.

1)    No cabe duda que el presidente Hugo Chávez influyó, de manera determinante, en la generación y constitución de lo que en la América Latina se denomina la nueva izquierda latinoamericana o que  otros califican de “nuevo populismo”[vi]. Esta nueva izquierda latinoamericana está representada por gobiernos que encuentran sus raíces en profundas reivindicaciones sociales y étnicas, como puede ser el caso de Bolivia y Ecuador, pero que siguen el patrón ideológico impuesto por la Revolución Bolivariana Venezolana o el llamado “Socialismo del Siglo XXI”. Consecuentemente, en este grupo encontramos sólo a países agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América o ALBA, a saber, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y Cuba.

2)    Además, el presidente Chávez generó alianzas de cercanía ideológica con países del Cono Sur como la Argentina, Paraguay (en la época del presidente Fernando Lugo) y con Uruguay, que hizo que los gobiernos de estos países lo acompañaran en muchas de sus propuestas en materia de integración sudamericana.

3)    Todo lo anterior le permitió al gobierno bolivariano de Chávez contar con una red regional de apoyo político que encontró eco, de forma explicita o tacita, en organismos gubernamentales como la OEA. No obstante, a nivel de la ONU no pudo lograr la elección para un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad, el que gobiernos anteriores si ocuparon durante las décadas de los sesenta, setenta, ochenta y noventa.

4)    Los gobiernos del Presidente Chávez fueron decisivos en sus propuestas para la creación de nuevos organismos y organizaciones que dieron vida al nuevo multilateralismo latinoamericano y caribeño. Ellas fueron la ALBA – TCP, PETROCARIBE, PETROAMERICA, PETROANDINA, PETROSUR, Banco del ALBA, Fondo ALBA – Caribe, el Sistema Unitario de Compensación Regional o SUCRE y TELESUR. Contribuyó, también, a la creación final de la UNASUR.

5)    La ALBA – TCP, principal logro internacional del chavismo conjuntamente con PETROCARIBE, tiene un fuerte contenido ideológica que  constituye en si mismo una limitante para el ingreso de nuevos socios pues la adhesión a ésta implica necesariamente el apoyo a los principios ideológicos que la inspiran.

6)    La ALBA - TCP sobrevivirá siempre y cuando el gobierno venezolano mantenga su voluntad política puesta en este mecanismo y ello como consecuencia del peso financiero de Venezuela y su voluntarismo político en su orientación y dirección.

7)    Existen dudas si mecanismos novedosos como la ALBA – TCP, PETROCARIBE, Banco del Sur y otros sobreviran, en su forma actual, la desaparición física del Presidente Chávez.

8)    La duda anterior es válida incluso para un gobierno chavista que pretenda continuar con estas líneas de política exterior, si se consideran  los serios problemas económicos, financieros y de deuda externa que confronta Venezuela, todo lo cual limitará su capacidad de acción en materia de “cooperación” internacional.

9)    En las actuales circunstancias políticas y económicas que vive Venezuela, muchos países de la región que se benefician de los nuevos mecanismos multilaterales impulsados por el presidente Chávez, independientemente de los fines de política exterior e ideológica que los motivaron, deben estar preocupados frente a la posible desaparición o transformación de estos mecanismos. En particular, países pequeños en cuyas economías la factura petrolera pesa mucho.

10)Venezuela ha desarrollado, particularmente a partir de 1975, una política solidaria de cooperación con los países centroamericanos y caribeños. Si las circunstancias obligaran, ya sea a un gobierno chavista o de corte ideológico distinto, a abandonar las políticas actuales desarrolladas internacionalmente con la finalidad de promover y consolidar internamente la Revolución Bolivariana, sería más que pertinente rescatar lo hecho en el pasado en materia de cooperación y adaptarlo a las nuevas circunstancias, tanto nacionales como internacionales.

11)Otros mecanismos como UNASUR y la CELAC tiene su propia vida,  independientemente de los aportes conceptuales o políticos que para su constitución diera el presidente Chávez. Por tanto, ellos continuarán más allá de lo que pueda ocurrir en la transición política en Venezuela.


12)A un nuevo gobierno venezolano, distinto al chavismo, le será muy difícil desvincularse de manera inmediata del ALBA – TCP,  como consecuencia de los compromisos financieros adquiridos por la República. Una decisión denunciatoria de la ALBA – TCP podría tener consecuencias geopolíticas muy negativas para el país. Consecuentemente, lo que pudiera pensarse en hacer sería  una ALBA distinta, acorde con los intereses nacionales.

13)Un gobierno distinto al chavista, debe desempeñar un papel activo en las nuevas organizaciones UNASUR y CELAC, ya que son nuevos mecanismos multilaterales de consenso entre países, en busca de vías de un desarrollo autónomo y sustentable.



Caracas, 04 de abril de 2013





Notas


[i] Gerbasi, Fernando (2012) “El nuevo multilateralismo regional , Venezuela y los conflictos geopolíticos en la América Latina”. ILDIS, mayo 2012. Caracas. Venezuela.
[ii] Declaración de la II Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe.
[iii] Declaración de la III Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe.
[iv] Página Oficial de la ALBA – TCP. http://www.alba-tcp.org
[v] Silva, María Cristina (2011) “La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA): Aspectos de seguridad y defensa y elementos de participación social”, en “De la ONU al ALBA: Prevención de conflictos y espacios de participación ciudadana”. Serbin, Andrés (Coordinador). CRIES/Icaria, Editorial. Buenos Aires. Argentina. 2011.
[vi] Carlos De la Torre (2003) “Masas, pueblo y democracias: un balance crítico de los debates sobre el nuevo populismo”. Revista de Ciencia Política, vol. XXIII, n° 1, Chile, PUC, Instituto de Ciencia Política.  Pág. 62

Bibliografía

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