viernes, 12 de mayo de 2017

Declaración del Grupo Ávila Ante la militarización definitiva del país

La Conferencia Episcopal Venezolana, mediante Comunicado de fecha 6 de mayo de 2017, alertó que en Venezuela la violencia se ha institucionalizado, a través de su uso excesivo por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y de grupos urbanos para militares armados, mal llamados colectivos, que actúan libremente ante la cómplice mirada y pasividad de los órganos de seguridad del Estado.
Cada vez son más reales los riesgos de que se instalen definitivamente  escenarios de mayor violencia e ingobernabilidad y, en tal sentido, pareciera que el régimen de Nicolás Maduro diseña una estrategia peligrosa para justificar con ello la definitiva toma absoluta del poder político en Venezuela.
Como bien lo ha descrito la Conferencia Episcopal Venezolana, el uso de la represión ha sido excesivo, al punto de que no sólo se limita a reprimir a quienes protestan, sino que llega incluso a convertir en blanco a grupos familiares, instituciones educativas, conjuntos residenciales, y hasta centros de salud.
El riesgo de desatar una violencia incontrolable se agrava con el anuncio de incorporar a los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la defensa integral de la Nación a través de un denominado Plan Defensivo Territorial, que incluiría su entrenamiento militar.[1]
Este anuncio genera alarma, en especial si se interpreta a la luz  del Comunicado Oficial del Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de fecha 18 de abril de 2017, en el que se advierte sobre un plan contra los intereses de la nación, a través del cual se pretendería ejecutar una agenda criminal y cargada de odio que implicaría actos terroristas, disturbios, saqueos, vandalismo y otras formas de violencia contra personas inocentes e instalaciones públicas.
En ese Comunicado, la FANB reconoce la existencia de bandas violentas, pero además, formula una acusación contra algunos diputados de la Asamblea Nacional, a quienes califica como desestabilizadores e insurrectos, argumentando que han minado la institucionalidad del Estado y han obstruido la gestión del Poder Ejecutivo.
El contenido de tal Comunicado Oficial siembra profundas dudas sobre el papel de la FANB como actor al servicio de toda la Nación y no de parcialidad política alguna, como expresamente lo ordena la Constitución vigente.
El Gobierno pareciera buscar que circunstancias extraordinarias en el ámbito político, social y económico, le permitan justificar la aplicación de algunas medidas como el anunciado Plan Zamora, a través del cual  pretende someter a la jurisdicción militar a los civiles detenidos en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica y legítima[2], como ya ha sucedido en varios estados, y frente a lo cual el Ministerio Público se está pronunciando en contra.
Precisamente en el Decreto que convoca a una Asamblea Constituyente y en el Comunicado mediante el cual la FANB respalda esa iniciativa, está muy claro que uno de los argumentos en los que se soporta la necesidad de impulsar ese mecanismo de reforma constitucional es precisamente la amenaza al orden constitucional, por parte de actores presuntamente antidemocráticos, que amenazarían con la fragmentación del tejido social.
Peligrosamente se va construyendo una narrativa política desde el Estado, que a todas luces se orienta a consolidar la militarización del Poder Político en Venezuela y a destruir cualquier forma de oposición política democrática, narrativa que pareciera calcada de la utilizada por las dictaduras militares que asolaron a nuestra región en tiempos pasados.
La Comunidad internacional debería estar atenta a esta deriva militarista dictatorial para actuar en consecuencia. 

Caracas, 10 de mayo de 2017
El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.




sábado, 6 de mayo de 2017

Declaración del Grupo Ávila Ante el fraudulento llamado a una Asamblea Nacional Constituye

La Constitución Nacional vigente establece que la iniciativa de consultar al pueblo sobre la conveniencia de realizar una Asamblea Nacional Constituyente corresponde al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional, a los Concejos Municipales y a los electores. Establece asimismo que el depositario del poder constituyente originario es el pueblo de Venezuela, en ejercicio del cual puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una Nueva Constitución. La Constitución vigente señala también que la soberanía nacional reside intransferiblemente en el pueblo y que este la ejerce, entre otras formas, mediante el sufragio en elecciones libres, universales, directas y secretas. En consecuencia, la pretendida convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que no esté sujeta a la aprobación previa del soberano y que además no respete el principio fundamental de toda elección democrática: “una persona un voto”, no solo es inaceptable, sino que constituye un acto fraudulento, evidentemente desesperado y con aviesas intenciones. 

El creciente y generalizado rechazo popular al régimen y su desprestigio internacional lo colocan cada vez más ante la disyuntiva de continuar aparentando, que existe algún respeto por algún vestigio de institucionalidad democrática o abandonar todo recato y dar definitivamente al traste con la ilusión de un estado de derecho que dejó efectivamente de existir hace mucho tiempo para convertirse en una dictadura. 

El desacato a la voluntad popular mayoritaria expresada en las pasadas elecciones parlamentarias, la inobservancia de la obligación de convocar y celebrar unas elecciones de gobernadores previstas constitucionalmente, la negación del derecho ciudadano de revocar a sus mandatarios mediante subterfugios de diversa naturaleza, la sistemática calificación de la protesta ciudadana como delito, la persistencia de un creciente número de presos políticos y exiliados, el desacato a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia de compromisos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, y más recientemente la insólita denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, configuran un comportamiento inaceptable dentro de la comunidad civilizada de naciones que avanza hacia un creciente respeto por los derechos humanos y mayores libertades, en el marco de una institucionalidad que ha sido voluntaria y universalmente aceptada por las naciones democráticas.

Los llamados de la comunidad internacional a resolver las diferencias de manera civilizada, mediante elecciones, continúan siendo desoídos. Paralelamente a la compleja situación económica y financiera en la que se ha sumido al país, que experimenta cuatro años en recesión económica, la inflación más alta del planeta y un retroceso a niveles de pobreza superados, persiste una inseguridad personal que se traduce en miles de víctimas anuales, en medio de una impunidad casi total. La ausencia de independencia de los diferentes poderes públicos, elemento esencial de la democracia, y el recurso a la utilización de bandas paramilitares para amedrentar y atacar a ciudadanos inermes, ha suscitado reiteradas condenas de parlamentos de distintas naciones, de grupos de ex presidentes y jefes de estado, de personalidades de todo orden, y hasta sanciones de esquemas de integración regional. Desde hace más de un año, la mayoría de los países de  la OEA mantienen un seguimiento permanente sobre el comportamiento autoritario y anti democrático del régimen, en atención a su obligación de defender la democracia en el hemisferio.

En medio de ese intrincado escenario, el régimen persiste en mostrar el más absoluto desdén por los principios democráticos, en su afán por aferrarse al poder cualquier costo, en menosprecio de la opinión popular y de la creciente exigencia de respetar la Constitución vigente y de contarse en las urnas electorales como única salida a la crisis actual. Ante la protesta ciudadana generalizada por las penurias que atraviesa, el régimen recurre ahora a la argucia de llamar a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, cuyo propósito no parece ser otro que el de evadir sus responsabilidades, enfrascar al país en un debate sin sentido y seguir ganando tiempo, evitar elecciones que sabe de antemano perdidas, y tratar de impedir la necesaria rendición de cuentas ante la justicia nacional e internacional.

En vista de las anteriores consideraciones, hacemos un nuevo llamado a la comunidad democrática  internacional, en especial a los gobiernos democráticos del hemisferio reunidos en el seno de la OEA y a los países miembros de la Unión Europa, a conjugar esfuerzos y a actuar con la mayor premura para lograr allanar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela, antes de que la violencia escale y tengamos que lamentar sus impredecibles consecuencias.


Caracas,  5 de mayo de 2017



El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.


sábado, 29 de abril de 2017

Declaración del Grupo Ávila.Ante la brutal represión del gobierno de Nicolás Maduro

Como nunca antes, el exagerado uso de la fuerza para reprimir a miles de ciudadanos que pacíficamente protestan contra el régimen de Nicolás Maduro en las calles de Caracas y otras ciudades del interior, ha cobrado nuevas víctimas fatales que se suman a la veintena de muertos en esta arremetida de las fuerzas policiales y de la Guardia Nacional, actuando en complicidad con grupos de civiles armados o paramilitares, mal llamados “colectivos”.
Las jornadas de legítimas protestas no cesan y su represión injustificada aumenta con fuerza. Los gases tóxicos lanzados por las fuerzas de seguridad no distinguen entre un centro educacional, la sala de emergencias de una clínica, la sede de un periódico, una ambulancia, residencias particulares, predios universitarios o las vías públicas donde se actúa con fuerza y saña, ocasionando sufrimientos, muerte y destrucción.
Las imágenes de estos desmanes, arbitrariedades y atropellos han dado la vuelta al mundo. Las reacciones de la comunidad internacional condenando estos hechos y exigiendo un cese a la violencia se multiplican.
Nicolás Maduro luce entrampado entre los militares, un sector radical del gobierno y la creciente protesta ciudadana, la cual está llegando a límites donde difícilmente las autoridades puedan garantizar la gobernabilidad del país, como no sea sino a costa de más represión y muertes. Pero en medio de este conflicto, ya comienzan a hacerse más visibles las contradicciones y el desmarque de algunas figuras clave que amenazan con quebrar la unidad del gobierno.
Ante las exigencias ciudadanas de: celebración de unas elecciones generales que pongan alto a este drama; la restitución del orden constitucional roto a raíz de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia; la liberación de los presos políticos; y la apertura de un canal humanitario para recibir alimentos y medicinas, la respuesta ha sido más y más represión arbitraria e injustificada.
Del gobierno no hay una sola señal de querer encaminar la situación por una vía pacífica y consensuada, que abra un cauce cierto a la restauración de la institucionalidad democrática y a un gobierno de transición que goce de la legitimidad popular, lo cual es solo posible mediante el ejercicio libre del voto.
La comunidad internacional, hoy más que en otras circunstancias, tiene un decisivo papel que jugar en la solución de la crisis venezolana, sobre todo cuando los venezolanos estamos enfrentando un gobierno cuyo único argumento es la fuerza bruta.
Caracas, 27 de abril de 2017






El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.


viernes, 31 de marzo de 2017

Declaración del Grupo Ávila en relación Ante las Sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ


El Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencias 155 y 156 del 28 y 29 de marzo de 2017, ha suprimido el estado de derecho, lo cual afecta gravemente el orden constitucional de la República y el sistema democrático en Venezuela.

La Sentencia 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República persiste en el desconocimiento de la Asamblea Nacional y sus competencias, y reitera además la tesis del desacato, en una distorsionada interpretación del delito de desacato.

Calificar la actuación de los diputados que aprobaron el “Acuerdo de apoyo a la reactivación de la Carta Democrática Interamericana” aprobado recientemente por la Asamblea Nacional como traición a la patria, así como limitar el goce de su inmunidad parlamentaria, por considerar que la misma no puede amparar delitos, violenta atribuciones exclusivas de la Asamblea Nacional y constituye una decisión inconstitucional que podría conducir a que los diputados de oposición sean enjuiciados y hasta encarcelados.

La decisión otorga igualmente poderes ilimitados al Presidente de la República, a quien le “ordena” tomar todas las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción, autorizándolo además a revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; la Ley Contra la Corrupción; el Código Penal; el Código Orgánico Procesal Penal; y el Código de Justicia Militar), todo lo cual atenta contra uno de los principios legales más universalmente aceptados, el de que nadie puede ser juzgado por un delito que no esté previamente establecido en la ley.

Mas grave aun es el contenido de la sentencia 156 de la misma Sala Constitucional, dictada para resolver una demanda presentada por un particular, que resuelve de mero derecho, es decir sin admisión de pruebas y violando el sagrado derecho a la defensa, mediante la cual decide "con carácter vinculante y valor erga omnes", con base solo en los alegatos de la parte demandante, declarar la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional, y asumir con base a la misma las competencias de la Asamblea, mientras esta se encuentre en desacato, funciones que ejercerá directamente o a través del órgano que este designe.

Con estas decisiones la Sala Constitucional del TSJ termina por suprimir el estado de derecho en Venezuela y afecta gravemente al sistema democrático del país, al atribuir al presidente mayores facultades de las que están previstas en la propia Constitución, y al asumir las atribuciones del poder legislativo legítimamente constituido, electo por una mayoría abrumadora del pueblo en diciembre de 2015.

Caracas, 30 de maro de 2017 


El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.