viernes, 31 de marzo de 2017

Declaración del Grupo Ávila en relación Ante las Sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ


El Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencias 155 y 156 del 28 y 29 de marzo de 2017, ha suprimido el estado de derecho, lo cual afecta gravemente el orden constitucional de la República y el sistema democrático en Venezuela.

La Sentencia 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República persiste en el desconocimiento de la Asamblea Nacional y sus competencias, y reitera además la tesis del desacato, en una distorsionada interpretación del delito de desacato.

Calificar la actuación de los diputados que aprobaron el “Acuerdo de apoyo a la reactivación de la Carta Democrática Interamericana” aprobado recientemente por la Asamblea Nacional como traición a la patria, así como limitar el goce de su inmunidad parlamentaria, por considerar que la misma no puede amparar delitos, violenta atribuciones exclusivas de la Asamblea Nacional y constituye una decisión inconstitucional que podría conducir a que los diputados de oposición sean enjuiciados y hasta encarcelados.

La decisión otorga igualmente poderes ilimitados al Presidente de la República, a quien le “ordena” tomar todas las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción, autorizándolo además a revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; la Ley Contra la Corrupción; el Código Penal; el Código Orgánico Procesal Penal; y el Código de Justicia Militar), todo lo cual atenta contra uno de los principios legales más universalmente aceptados, el de que nadie puede ser juzgado por un delito que no esté previamente establecido en la ley.

Mas grave aun es el contenido de la sentencia 156 de la misma Sala Constitucional, dictada para resolver una demanda presentada por un particular, que resuelve de mero derecho, es decir sin admisión de pruebas y violando el sagrado derecho a la defensa, mediante la cual decide "con carácter vinculante y valor erga omnes", con base solo en los alegatos de la parte demandante, declarar la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional, y asumir con base a la misma las competencias de la Asamblea, mientras esta se encuentre en desacato, funciones que ejercerá directamente o a través del órgano que este designe.

Con estas decisiones la Sala Constitucional del TSJ termina por suprimir el estado de derecho en Venezuela y afecta gravemente al sistema democrático del país, al atribuir al presidente mayores facultades de las que están previstas en la propia Constitución, y al asumir las atribuciones del poder legislativo legítimamente constituido, electo por una mayoría abrumadora del pueblo en diciembre de 2015.

Caracas, 30 de maro de 2017 


El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.

sábado, 25 de marzo de 2017

Declaración del Grupo Ávila: Por el rescate de la institucionalidad democrática y el estado de derecho en Venezuela

El 14 de marzo pasado, el Secretario General de la OEA (SG), Luis Almagro envió al presidente del Consejo Permanente (CP) una actualización de su informe sobre el deterioro de la democracia en Venezuela, sometido a la consideración del CP en mayo de 2016, en ejercicio de la potestad que le confiere la Carta Democrática Interamericana (CDI) y con el fin de que los Estados Miembros realizasen una apreciación colectiva de la situación y emprendiesen las acciones que considerasen necesarias, en la cual hace un exhaustivo examen del agravamiento de la situación política, económica y social venezolana, llamando de nuevo a examinarla y a adoptar las medidas necesarias, en vista de la ausencia de resultados positivos tras las gestiones y acciones emprendidas por representantes del gobierno venezolano, la oposición y la comunidad internacional.

La precisión de los hechos expuestos en el nuevo informe permite determinar con total claridad las características del régimen que gobierna a nuestro país de manera inconstitucional, contrario al Estado de Derecho –al extremo de señalar su inexistencia-, con total desconocimiento de la independencia de los poderes públicos y una gestión administrativa calificada como corrupta y altamente ineficiente, que da como resultado un país abandonado, empobrecido, con lamentables carencias en salud, alimentación y seguridad.
El nuevo informe expresa que ninguna de las recomendaciones anteriores ha sido tomada en cuenta y pone de manifiesto la profundización del deterioro del estado de la democracia y los derechos humanos, además del agravamiento de la ya crítica situación de abastecimiento de alimentos y medicinas, presagio de una crisis humanitaria sin precedentes en la región, a pesar de los esfuerzos realizados mediante un infructuoso diálogo.

En vista de ello, el SG estima que los mecanismos previstos en la CDI para el restablecimiento del orden democrático han sido agotados y que de no hacer el gobierno venezolano un llamado a elecciones generales en un plazo perentorio, los países miembros deberían tomar la decisión de suspender a Venezuela de la Organización, como medida de presión adicional para lograr su retorno a la normalidad democrática.

Como quiera que el gobierno nacional no ha rebatido las afirmaciones contenidas en el nuevo informe y se ha limitado a descalificar al SG, y que las diferentes declaraciones oficiales se orientan más bien a desdeñar la importancia de nuestra participación en la OEA, antes que a reconocer la existencia misma de una grave crisis que exige acciones concretas e inmediatas, la urgencia planteada por el SG en su informe de convocar a elecciones, como el mejor y más democrático camino para recuperar la vigencia del estado de derecho y la democracia, reviste la mayor importancia.

En el lapso entre ambos informes, los venezolanos hemos sido testigos de la arbitraria obstaculización de la solicitud de un referendo presidencial y de la posposición sine die de las elecciones regionales de gobernadores, ambas previstas en la Constitución, lo que constituye una conculcación del derecho constitucional de los ciudadanos a revocar y elegir sus mandatarios y significa además un grave retroceso en el ejercicio efectivo del derecho a vivir en democracia.

La compleja situación nacional se complica aún más con la persistencia de numerosos presos políticos, la inflación irrefrenable y la escasez y el desabastecimiento de bienes de todo orden, a lo cual se añaden el deterioro institucional generalizado del sistema judicial y el continuado irrespeto a las decisiones de la Asamblea Nacional, asiento de la más genuina voluntad popular.

Aunque consideramos que aún existen espacios para agotar las gestiones diplomáticas y los buenos oficios contemplados en la CDI, como podría ser la implementación de un Grupo de Amigos, coincidimos con el planteamiento de que solo mediante la celebración de elecciones que permitan entre otras cosas renovar los poderes del Estado venezolano a la brevedad posible, se podrá avanzar en la recuperación de la democracia.

Hacemos por ello un nuevo y urgente llamado a los gobiernos del hemisferio para que actúen como catalizadores del proceso de recuperación de la democracia en Venezuela, en concordancia con los inmanentes principios y valores universalmente compartidos del respeto a la libertad, la democracia y los derechos humanos, convencidos de que solo mediante su plena vigencia y observancia podrán nuestros pueblos convivir y progresar en paz.

Los integrantes del Grupo Ávila, al extender su agradecimiento a Luis Almagro por su preocupación y constante atención sobre la gravísima problemática que sufre el pueblo venezolano, exhorta a los Estados miembros de la OEA, 14 de los cuales ya se han pronunciado al respecto, para que en sesión del CP, examinen los informes presentados, efectúen una apreciación colectiva de la situación planteada y adopten las decisiones que consideren pertinentes para encontrar una solución pacífica y electoral a esa crítica situación.

Finalmente, exhortamos a la sociedad civil organizada, a la academia, a los gremios profesionales, a los estudiantes, a los trabajadores y a la ciudadanía en general a respaldar las acciones de la comunidad internacional dirigidas al rescate de la democracia en el país, solo posible mediante la recuperación de su elemento más esencial, el derecho a votar.

Caracas, 24 de marzo de 2017

El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.


jueves, 9 de febrero de 2017

Declaración del Grupo Ávila sobre la situación nacional

La grave crisis que agobia a Venezuela, en lugar de encaminarse a una solución perentoria, se acentúa. La delicada situación económica-financiera se empeora con el transcurrir de los días. Las penurias de la población no cesan, más bien, se acrecientan, y el repudio al gobierno también, al punto de que 8 de cada 10 venezolanos desean que termine.

Frente a este cuadro social alarmante, el gobierno nacional permanece insensible e impasible, reafirmándose, de manera irracional, en políticas que profundizan un estado de cosas al borde de la anarquía, cargado de una conflictividad que amenaza con convertir al país en un caos y en foco de inestabilidad para nuestro hemisferio. 
  
La erosión casi total de la institucionalidad democrática y la posibilidad de que el país se quede sin opciones para resolver la crisis dentro del marco constitucional, justifican que el tema sea de especial preocupación para la comunidad internacional.

Sin embargo, la indispensable restauración del orden constitucional para poder superar la crisis, se ve impedida por una conducta autoritaria expresada en un creciente hostigamiento gubernamental y judicial en contra de la oposición. Resulta particularmente alarmante que las iniciativas gubernamentales al iniciarse el nuevo año exacerben la progresiva militarización de la sociedad, la radicalización de la confrontación ideológica, la continua represión del disenso, la profundización de las violaciones de los derechos humanos y el sistemático rechazo a todo intento de desactivación de las tensiones que continúan acumulándose en la sociedad, sin mencionar el agravamiento de las condiciones económicas para la gran mayoría de la población.

Resulta inaceptable que el gobierno de Venezuela no haya respetado los compromisos adquiridos en los encuentros sostenidos en 2016 entre sus representantes y los de la oposición, con la participación de tres ex presidentes invitados por el gobierno, a los cuales se agregó luego la Santa Sede, como invitado de ambas partes. La mejor prueba de ello es el desconocimiento de la representatividad popular de la Asamblea Nacional y sus decisiones constitucionales y la serie de atropellos a parlamentarios ocurridos en los últimos días, siendo los casos más resaltantes los de los diputados Gilber Caro, detenido arbitrariamente, Luis Florido y Williams Dávila, cuyos pasaportes fueron anulados.
Ante la pretensión del régimen de continuar conversaciones en términos inaceptables, saludamos la decisión de la MUD de considerar cerrado el ejercicio, preservando la determinación de participar en una verdadera iniciativa de diálogo y/o negociación que ofrezca soluciones inequívocas.

En ese caso, alertamos que sería necesario que nuestros representantes la aborden con objetivos claros y compartidos, y que se incorporen desde el inicio los elementos indefectibles, reconocidos y aplicados en la vasta experiencia mundial en la materia, para poder aspirar a resultados efectivos. A tal efecto, debe respetarse el principio de igualdad entre las partes, comenzando por la escogencia de los intermediarios a quienes se debe exigir concertar unas reglas operativas mínimas, tales como una agenda concreta y clara, las presencias admisibles en las sesiones, la manera de anunciar los potenciales acuerdos y el insoslayable mecanismo de seguimiento, entre otras elementales condiciones relativas a un diálogo que aspire a lograr soluciones viables, consensuadas y eficaces, que eviten males mayores.

Al iniciarse un nuevo año, es necesario impedir que la dispersión de iniciativas, las carencias del liderazgo y las vocerías múltiples en el seno de la oposición democrática, debiliten nuestras posiciones e imagen de seriedad y consistencia en la lucha por la democracia en Venezuela, de cara a la opinión internacional.

A nuestro juicio, esta compleja situación exige por parte de la Mesa de la Unidad Democrática una actitud transparente, firme y coherente que ayude a superar la desconfianza ciudadana, con miras a seguir procurando una salida democrática, constitucional, electoral y pacífica a la enorme crisis política y social que abruma al país, con vista a abrir caminos ciertos a un nuevo gobierno que recupere la institucionalidad, la vigencia plena del Estado de derecho y enrumbe al país por los senderos de prosperidad material anhelados por todos. 

La Mesa de la Unidad Democrática, inspirada por un incontestable espíritu unitario, debe abrir sus comisiones a la participación de independientes, dirigentes de la sociedad civil, académicos y ciudadanos en general que quieran proponer y colaborar en la consecución de tales objetivos. Si bien el asambleísmo y el tumulto han resultado ser poco provechosos en la larga lucha democrática venezolana, por la dispersión que puede crear, esto podría evitarse con la generación de vocerías ordenadas y la estructuración de discursos bien diseñados con objetivos claros y precisos, que junto a una adecuada instrumentación comunicacional, eliminarían la angustia ciudadana y la posibilidad de que manipulaciones malsanas y perversas de los laboratorios del régimen, consigan desarticular la lucha.

De manera especial, es perentorio hacer nuevamente un llamado a la OEA para que a la brevedad haga una evaluación colectiva de la dramática situación existente y exija avances concretos y continuos en el proceso de un diálogo político en pro de la plena restauración de la democracia en Venezuela, recordando al efecto que la Carta Democrática Interamericana se compromete a impulsar soluciones en situaciones de crisis y a tomar las medidas del caso cuando la democracia haya sido abolida de hecho en alguno de sus países miembros.

Reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que sea necesario para ayudar a la Mesa de la Unidad Democrática en las distintas iniciativas que emprenda en el área internacional y en particular, en las medidas correctivas de restructuración organizativa que está adoptando para hacer efectivos los propósitos trazados de recuperación de las libertades democráticas en nuestro país.

Caracas, 8 de febrero 2017

 El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.