sábado, 25 de marzo de 2017

Declaración del Grupo Ávila: Por el rescate de la institucionalidad democrática y el estado de derecho en Venezuela

El 14 de marzo pasado, el Secretario General de la OEA (SG), Luis Almagro envió al presidente del Consejo Permanente (CP) una actualización de su informe sobre el deterioro de la democracia en Venezuela, sometido a la consideración del CP en mayo de 2016, en ejercicio de la potestad que le confiere la Carta Democrática Interamericana (CDI) y con el fin de que los Estados Miembros realizasen una apreciación colectiva de la situación y emprendiesen las acciones que considerasen necesarias, en la cual hace un exhaustivo examen del agravamiento de la situación política, económica y social venezolana, llamando de nuevo a examinarla y a adoptar las medidas necesarias, en vista de la ausencia de resultados positivos tras las gestiones y acciones emprendidas por representantes del gobierno venezolano, la oposición y la comunidad internacional.

La precisión de los hechos expuestos en el nuevo informe permite determinar con total claridad las características del régimen que gobierna a nuestro país de manera inconstitucional, contrario al Estado de Derecho –al extremo de señalar su inexistencia-, con total desconocimiento de la independencia de los poderes públicos y una gestión administrativa calificada como corrupta y altamente ineficiente, que da como resultado un país abandonado, empobrecido, con lamentables carencias en salud, alimentación y seguridad.
El nuevo informe expresa que ninguna de las recomendaciones anteriores ha sido tomada en cuenta y pone de manifiesto la profundización del deterioro del estado de la democracia y los derechos humanos, además del agravamiento de la ya crítica situación de abastecimiento de alimentos y medicinas, presagio de una crisis humanitaria sin precedentes en la región, a pesar de los esfuerzos realizados mediante un infructuoso diálogo.

En vista de ello, el SG estima que los mecanismos previstos en la CDI para el restablecimiento del orden democrático han sido agotados y que de no hacer el gobierno venezolano un llamado a elecciones generales en un plazo perentorio, los países miembros deberían tomar la decisión de suspender a Venezuela de la Organización, como medida de presión adicional para lograr su retorno a la normalidad democrática.

Como quiera que el gobierno nacional no ha rebatido las afirmaciones contenidas en el nuevo informe y se ha limitado a descalificar al SG, y que las diferentes declaraciones oficiales se orientan más bien a desdeñar la importancia de nuestra participación en la OEA, antes que a reconocer la existencia misma de una grave crisis que exige acciones concretas e inmediatas, la urgencia planteada por el SG en su informe de convocar a elecciones, como el mejor y más democrático camino para recuperar la vigencia del estado de derecho y la democracia, reviste la mayor importancia.

En el lapso entre ambos informes, los venezolanos hemos sido testigos de la arbitraria obstaculización de la solicitud de un referendo presidencial y de la posposición sine die de las elecciones regionales de gobernadores, ambas previstas en la Constitución, lo que constituye una conculcación del derecho constitucional de los ciudadanos a revocar y elegir sus mandatarios y significa además un grave retroceso en el ejercicio efectivo del derecho a vivir en democracia.

La compleja situación nacional se complica aún más con la persistencia de numerosos presos políticos, la inflación irrefrenable y la escasez y el desabastecimiento de bienes de todo orden, a lo cual se añaden el deterioro institucional generalizado del sistema judicial y el continuado irrespeto a las decisiones de la Asamblea Nacional, asiento de la más genuina voluntad popular.

Aunque consideramos que aún existen espacios para agotar las gestiones diplomáticas y los buenos oficios contemplados en la CDI, como podría ser la implementación de un Grupo de Amigos, coincidimos con el planteamiento de que solo mediante la celebración de elecciones que permitan entre otras cosas renovar los poderes del Estado venezolano a la brevedad posible, se podrá avanzar en la recuperación de la democracia.

Hacemos por ello un nuevo y urgente llamado a los gobiernos del hemisferio para que actúen como catalizadores del proceso de recuperación de la democracia en Venezuela, en concordancia con los inmanentes principios y valores universalmente compartidos del respeto a la libertad, la democracia y los derechos humanos, convencidos de que solo mediante su plena vigencia y observancia podrán nuestros pueblos convivir y progresar en paz.

Los integrantes del Grupo Ávila, al extender su agradecimiento a Luis Almagro por su preocupación y constante atención sobre la gravísima problemática que sufre el pueblo venezolano, exhorta a los Estados miembros de la OEA, 14 de los cuales ya se han pronunciado al respecto, para que en sesión del CP, examinen los informes presentados, efectúen una apreciación colectiva de la situación planteada y adopten las decisiones que consideren pertinentes para encontrar una solución pacífica y electoral a esa crítica situación.

Finalmente, exhortamos a la sociedad civil organizada, a la academia, a los gremios profesionales, a los estudiantes, a los trabajadores y a la ciudadanía en general a respaldar las acciones de la comunidad internacional dirigidas al rescate de la democracia en el país, solo posible mediante la recuperación de su elemento más esencial, el derecho a votar.

Caracas, 24 de marzo de 2017

El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.


jueves, 9 de febrero de 2017

Declaración del Grupo Ávila sobre la situación nacional

La grave crisis que agobia a Venezuela, en lugar de encaminarse a una solución perentoria, se acentúa. La delicada situación económica-financiera se empeora con el transcurrir de los días. Las penurias de la población no cesan, más bien, se acrecientan, y el repudio al gobierno también, al punto de que 8 de cada 10 venezolanos desean que termine.

Frente a este cuadro social alarmante, el gobierno nacional permanece insensible e impasible, reafirmándose, de manera irracional, en políticas que profundizan un estado de cosas al borde de la anarquía, cargado de una conflictividad que amenaza con convertir al país en un caos y en foco de inestabilidad para nuestro hemisferio. 
  
La erosión casi total de la institucionalidad democrática y la posibilidad de que el país se quede sin opciones para resolver la crisis dentro del marco constitucional, justifican que el tema sea de especial preocupación para la comunidad internacional.

Sin embargo, la indispensable restauración del orden constitucional para poder superar la crisis, se ve impedida por una conducta autoritaria expresada en un creciente hostigamiento gubernamental y judicial en contra de la oposición. Resulta particularmente alarmante que las iniciativas gubernamentales al iniciarse el nuevo año exacerben la progresiva militarización de la sociedad, la radicalización de la confrontación ideológica, la continua represión del disenso, la profundización de las violaciones de los derechos humanos y el sistemático rechazo a todo intento de desactivación de las tensiones que continúan acumulándose en la sociedad, sin mencionar el agravamiento de las condiciones económicas para la gran mayoría de la población.

Resulta inaceptable que el gobierno de Venezuela no haya respetado los compromisos adquiridos en los encuentros sostenidos en 2016 entre sus representantes y los de la oposición, con la participación de tres ex presidentes invitados por el gobierno, a los cuales se agregó luego la Santa Sede, como invitado de ambas partes. La mejor prueba de ello es el desconocimiento de la representatividad popular de la Asamblea Nacional y sus decisiones constitucionales y la serie de atropellos a parlamentarios ocurridos en los últimos días, siendo los casos más resaltantes los de los diputados Gilber Caro, detenido arbitrariamente, Luis Florido y Williams Dávila, cuyos pasaportes fueron anulados.
Ante la pretensión del régimen de continuar conversaciones en términos inaceptables, saludamos la decisión de la MUD de considerar cerrado el ejercicio, preservando la determinación de participar en una verdadera iniciativa de diálogo y/o negociación que ofrezca soluciones inequívocas.

En ese caso, alertamos que sería necesario que nuestros representantes la aborden con objetivos claros y compartidos, y que se incorporen desde el inicio los elementos indefectibles, reconocidos y aplicados en la vasta experiencia mundial en la materia, para poder aspirar a resultados efectivos. A tal efecto, debe respetarse el principio de igualdad entre las partes, comenzando por la escogencia de los intermediarios a quienes se debe exigir concertar unas reglas operativas mínimas, tales como una agenda concreta y clara, las presencias admisibles en las sesiones, la manera de anunciar los potenciales acuerdos y el insoslayable mecanismo de seguimiento, entre otras elementales condiciones relativas a un diálogo que aspire a lograr soluciones viables, consensuadas y eficaces, que eviten males mayores.

Al iniciarse un nuevo año, es necesario impedir que la dispersión de iniciativas, las carencias del liderazgo y las vocerías múltiples en el seno de la oposición democrática, debiliten nuestras posiciones e imagen de seriedad y consistencia en la lucha por la democracia en Venezuela, de cara a la opinión internacional.

A nuestro juicio, esta compleja situación exige por parte de la Mesa de la Unidad Democrática una actitud transparente, firme y coherente que ayude a superar la desconfianza ciudadana, con miras a seguir procurando una salida democrática, constitucional, electoral y pacífica a la enorme crisis política y social que abruma al país, con vista a abrir caminos ciertos a un nuevo gobierno que recupere la institucionalidad, la vigencia plena del Estado de derecho y enrumbe al país por los senderos de prosperidad material anhelados por todos. 

La Mesa de la Unidad Democrática, inspirada por un incontestable espíritu unitario, debe abrir sus comisiones a la participación de independientes, dirigentes de la sociedad civil, académicos y ciudadanos en general que quieran proponer y colaborar en la consecución de tales objetivos. Si bien el asambleísmo y el tumulto han resultado ser poco provechosos en la larga lucha democrática venezolana, por la dispersión que puede crear, esto podría evitarse con la generación de vocerías ordenadas y la estructuración de discursos bien diseñados con objetivos claros y precisos, que junto a una adecuada instrumentación comunicacional, eliminarían la angustia ciudadana y la posibilidad de que manipulaciones malsanas y perversas de los laboratorios del régimen, consigan desarticular la lucha.

De manera especial, es perentorio hacer nuevamente un llamado a la OEA para que a la brevedad haga una evaluación colectiva de la dramática situación existente y exija avances concretos y continuos en el proceso de un diálogo político en pro de la plena restauración de la democracia en Venezuela, recordando al efecto que la Carta Democrática Interamericana se compromete a impulsar soluciones en situaciones de crisis y a tomar las medidas del caso cuando la democracia haya sido abolida de hecho en alguno de sus países miembros.

Reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que sea necesario para ayudar a la Mesa de la Unidad Democrática en las distintas iniciativas que emprenda en el área internacional y en particular, en las medidas correctivas de restructuración organizativa que está adoptando para hacer efectivos los propósitos trazados de recuperación de las libertades democráticas en nuestro país.

Caracas, 8 de febrero 2017

 El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.



lunes, 23 de enero de 2017

Incertidumbre a nivel mundial

Fernando Gerbasi
@fernandogerbasi

La elección de Donald Trump como  45º presidente de los Estados Unidos ha generado una profunda incertidumbre a nivel mundial como consecuencia de las propuestas que formulara durante su campaña electoral y que ratificara, el pasado viernes 20 de enero, durante su toma de posesión presidencial. Una vez más su discurso fue profundamente populista y nacionalista, no dejando dudas sobre los posibles daños colaterales que su gobierno generará, tanto en lo interno como en lo internacional.

Los Estados Unidos, como potencia vencedora de la segunda guerra mundial, fue factor indiscutible en las decisiones adoptadas con relación al nuevo orden mundial liberal occidental que se estableció. Ahora Donald Trump parece destinado a echarlo por tierra, pero al mismo tiempo que lo ataca en la esencia de sus valores liberales no propone formulas de recambio.

En sus planteamientos ha puesto en duda el sistema de defensa colectiva  que representa la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Es fundamentalmente contrario al libre comercio y anuncia al respecto un conjunto de medidas proteccionistas donde destacan la renegociación o salida de su país del NAFTA, así como del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en sus siglas en inglés el TPP, o la subida de aranceles para los vehículos de terceros países. Es contrario a una Europa unida y fuerte y por ello apoya el Brexit, y predice que lo decidido por los ingleses en referendo será seguido por otros países europeos y critica directamente, calificándolo de grave error, la política de apertura de la Canciller Merkel frente a la reciente ola migratoria hacia Europa procedente de África, Medio Oriente y parte de Asia.

Rusia y Putin sí encuentran en Trump un nuevo e importante aliado. Aún desconocemos hasta dónde podrán llegar esas posibles alianzas y entendimientos bilaterales con efectos y repercusiones geopolíticas importantes. Con China la situación es todo lo contrario pues no ha sido bien visto, por parte del gobierno de este país,  el acercamiento de Trump a los gobernantes de Taiwán. Además, es casi segura una posible confrontación entre los dos países por la oposición mostrada por el futuro Secretario de Estado, en su comparecencia ante el Senado, al programa chino de construcción de islas en el mar del Sur de China cuando indicó que le dirán a los chinos que “no les van a permitir el acceso a esas islas”.

Trump no tiene una política exterior definida frente a la América Latina. No obstante, sus  políticas y propuestas en materia de inmigración han tenido ya un efecto negativo sobre México, provocando cambios en el gobierno, la devaluación del peso mejicano y la cancelación de inversiones extranjeras que ya estaban programadas. Todo indica que esta relación bilateral tenderá a degradarse afectando adversamente a México y con consecuencias impensadas, desde el punto de vista geoeconómico y político, en gran parte de la región latinoamericana.

Otro país clave en la relación regional es Cuba. No cabe duda que la política de apertura, distensión y normalización de las relaciones bilaterales emprendida por la Administración Obama se verá seriamente afectada, particularmente por la influencia que importantes senadores republicanos de origen cubano, que no son pocos, tendrán en la formulación y ejecución de la política exterior de la nueva administración norteamericana. Empero, en las relaciones internacionales siempre hay sorpresas y aquí pudiera haber una.

En lo que respecta a Venezuela es poco lo que hay que esperar del nuevo gobierno norteamericano, nuestro país no está entre sus prioridades. Posiblemente los nuevos responsables del Departamento de Estado  prosigan la política de status quo  emprendida por Obama y buscada a través del diálogo entre gobierno y oposición. Por ello, pensar en una intervención abierta en defensa de la restauración de la democracia en Venezuela, o de una quimérica intervención tipo Panamá, son elucubraciones de ilusos y neófitos en política. La crisis venezolana solo puede y debe ser resuelta por los venezolanos y posiblemente lo será a través de una solución inédita, tal como lo viene advirtiendo desde hace años el veterano político Pompeyo Márquez. Ciertamente el apoyo de la comunidad internacional a la solución que alcancemos los venezolanos es importante, pero este apoyo se debe fundamentar en una denuncia unitaria opositora de la dictadura que gobierna a Venezuela, de la violación constante de los derechos humanos, de las nefastas políticas públicas puestas en práctica que han sumido al país y a la ciudadanía en la peor crisis política, social  y económica que hayamos conocido.

Lo que más preocupa, teniendo en cuenta lo que los Estados Unidos representan en la escena internacional, es el populismo así como el nacionalismo que caracteriza a las propuestas de Trump.  Ellas han encontrado suelo fértil en los ultra nacionalistas europeos que ven con su arribo a la presidencia la llegada de una nueva era a nivel mundial. En una reunión celebrada en la ciudad de Coblenza, un día después de la toma de posesión de Trump, los lideres ultra nacionalistas de Francia, Alemania, Holanda e Italia, eufóricos decretaron, por boca de Marine Le Pen,  que “asistimos al fin de un mundo y al nacimiento de otro”. Es grave tener conciencia que la señora Le Pen, con toda seguridad, pasará a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales francesas que tendrán lugar el 23 de  abril de este año.

Es alarmante el auge del populismo a nivel internacional. Lo encontramos presente en muchos países europeos, en Turquía, en Asia, en Latinoamérica y ahora en los Estados Unidos. Por ello, si bien los líderes son representativos e imprimen carácter al movimiento, preocupa aún mucho más los millones de ciudadanos que apoyan estos movimientos.  El Foro Económico Mundial de Davos, que poco o nada se había ocupado de estos asuntos ahora sí lo hace y encuentra que la razón de ser de estos movimientos está en que los gobiernos, especialmente los de los países desarrollados,  no escuchan ni se preocupan de las clases medias de sus países; sus políticas están particularmente dirigidas hacia las minorías discriminadas, los más pobres y ahora los inmigrantes y como las clases pudientes no requieren de asistencia alguna, la desigualdad social se hace cada vez más pronunciada en detrimento, principalmente,  de las clases medias que son la base y sustento de las sociedades modernas y de la democracia.

Todo lo anterior nos hace vislumbrar unos años bastante turbulentos en las relaciones internacionales, y con toda seguridad serán años de cambios en el orden internacional, posiblemente profundos y con toda seguridad no positivos. En este contexto la  región latinoamericana  sufrirá los daños colaterales que estos cambios provocarán en los grandes equilibrios mundiales.

22 de enero de 2017.


Publicado en www.elcorreodelorinoco.com  

martes, 3 de enero de 2017

Grupo Ávila: Balance de la Política Exterior de Venezuela en el año 2016

Culmina un nuevo año de la acción internacional de Nicolás Maduro con un balance lamentable. Para el Grupo Ávila, ha sido la reiteración de una política exterior errática, de confrontación, improvisada y con visibles contradicciones que han traído como consecuencia el creciente desprestigio y aislamiento de Venezuela en la escena internacional.

En rigor, una actuación internacional dominada por el debilitamiento de las alianzas construidas con base en los recursos financieros de Venezuela, a lo cual contribuyeron los cambios geopolíticos que sucedieron en varios países de la región.

En tal sentido, durante el 2016 la diplomacia bolivariana perdió a dos de sus aliados fundamentales: el ascenso de Mauricio Macri como presidente de Argentina y la destitución de Dilma Roussef en Brasil lo que no solo aumento su aislamiento internacional sino que agudizó las tensiones en varios frentes, sobre todo con los socios de Mercosur.
 
La crisis venezolana y las reacciones de la comunidad internacional.

La crisis política que vive el país rebasó las fronteras y el gobierno se vio crecientemente enfrentado a una comunidad internacional que, preocupada por el deterioro y agudización de la situación política en Venezuela, observaba con inquietud y consternación el giro autoritario del régimen venezolano; las graves violaciones a los derechos humanos; la exacerbada polarización y fractura de la sociedad. En el fondo se trataba de invocar los esfuerzos de la  diplomacia para intentar encontrar una solución al conflicto.

Para no pocos analistas internacionales, la crisis en desarrollo en Venezuela significaba poner a prueba los mecanismos regionales de fortalecimiento de las reglas y normas democráticas.

En la Asamblea General de la OEA, celebrada en Santo Domingo del 13 al 15 de junio, 15 gobiernos del hemisferio advirtieron de consuno, y por primera vez, sobre los riesgos que plantea la grave crisis política, económica y social que vive Venezuela en estos momentos.

Los Cancilleres –incluyendo los de mayor peso de la región- emitieron  un comunicado en el que, entre otras cosas,  reafirmaron su compromiso con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana; apoyando los esfuerzos para encuentrar una solución a la crisis que vive Venezuela y alentando el acatamiento a la Constitución y los principios de separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y las instituciones democráticas, al tiempo que  apoyaban la aplicación justa y oportuna de los procedimientos Constitucionales. Esto último, en términos diplomáticos, era un respaldo a la aplicación del Referéndum Revocatorio.

Días más tarde, con base en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, el Secretario General de la OEA Luis Almagro, solicitó al Consejo Permanente que realizara una apreciación colectiva de la situación con vistas a adoptar las medidas que estimara conveniente.

Tras varios frustrados esfuerzos por impedir la sesión, que incluyeron gestiones para frenar la reunión e impugnaciones al orden del día, la Canciller venezolana se encontró enfrentada a varios gobiernos del hemisferio que por primera vez estaban dispuestos  a abordar la crítica situación del país en el marco de los instrumentos de defensa de la democracia del sistema interamericano.

En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que se llevó a cabo el 1 de junio, el Secretario Almagro presentó un demoledor informe en el cual demostró, con sólidos argumentos, no sólo el desmantelamiento progresivo de la democracia en Venezuela sino que en nuestro país se había producido una alteración del orden constitucional democrático. 

Valga recordar aquí que un golpe de Estado ocurre, no solo cuando unos militares deponen a un gobierno electo sino cuando se produce “el desconocimiento de la Constitución por parte de un órgano constitucionalmente electo,”

En su informe, el Secretario General se refirió punto por punto a las continuas violaciones a la Constitución; a la ausencia de separación de poderes públicos;  la cooptación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo; las reiteradas violaciones de derechos humanos; el bloqueo permanente del Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional; para finalizar diciendo que “en la situación actual que vive Venezuela, no se puede más que concluir que estamos ante alteraciones graves al orden democrático tal como se ha definido en numerosos instrumentos regionales y subregionales”

A juicio del Grupo Ávila, con la presentación del informe del Secretario General y las intervenciones de varias delegaciones reconociendo la grave situación que vive Venezuela, se iniciaba una evaluación colectiva de la situación venezolana a la luz de lo establecido en la Carta Democrática Interamericana.

Pocos días antes la Asamblea Nacional de Venezuela había aprobado un Acuerdo mediante el que denunciaba ante el país y la comunidad internacional la sobrevenida “ruptura del orden constitucional y democrático”.

En ese mismo orden, coincidimos con lo dicho por el Secretario General de la OEA en cuanto a la existencia de una situación de alteración del orden constitucional democrático. Igualmente que la situación denunciada por Luis Almagro exige la manifestación de una solidaridad política activa de parte de los gobiernos democráticos del hemisferio americano y respaldamos el llamado que formulara al Gobierno de Venezuela a regresar al respeto pleno de la Constitución, así como las medidas específicas que propone para intentar salvar la democracia en Venezuela, en particular: la celebración de un referéndum revocatorio presidencial en 2016, la liberación de todos los presos políticos y la toma de medidas inmediatas para solventar la grave situación de crisis humanitaria que afecta a la población, particularmente en materia de salud y alimentación.

En suma, en el 2016, la crisis en Venezuela entró en la escena de la OEA como un caso crítico a pesar de todos los esfuerzos del gobierno nacional por impedirlo.

El acompañamiento internacional al diálogo

 Bien es sabido que la grave crisis del país atrajo la atención de diversos gobiernos, organizaciones internacionales y líderes mundiales. Los esfuerzos más recientes se construyeron en torno a la mesa de diálogo originalmente promovida por UNASUR con el apoyo de los ex presidentes Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández.

Para buena parte del país estos facilitadores estaban alineados con el gobierno, eran vistos como parcializados que respondían a los planteamientos del ejecutivo. Luego de muchos esfuerzos, se logró la incorporación del Vaticano, lo cual contribuyó con su jerarquía moral a darle un ligero equilibrio al proceso.
Tras muchas idas y venidas, el proceso de diálogo luce estancado y con pocas posibilidades de avances reales. El gobierno, víctima de sus propias contradicciones y presiones internas, no ha dado señales de cumplimiento a los acuerdos alcanzados, al tiempo que la oposición cedió en varios de los puntos exigidos.

El gobierno, en una apuesta tan riesgosa como irresponsable, pareciera más bien estar jugando a la exacerbación de la crisis, manipulando la negociación para ganar tiempo, en la esperanza de recuperar la confianza de la gente y que mejoren las expectativas de la economía.  Ambas cosas parecen difíciles de alcanzar.

Venezuela y Mercosur

En declaraciones y documentos anteriores el Grupo Ávila ha  sostenido su oposición a la forma y el fondo de cómo se hizo el ingreso de Venezuela a este esquema de integración. Recordemos tan sólo las presiones ejercidas por el gobierno de Venezuela para adherirse al Mercosur, una decisión que se tomó de espaldas al país, y que finalmente se logró forzando todos los procedimientos.

La presencia de Venezuela en dicho bloque ha generado más roces e inconvenientes que avances en el proceso de integración. Las divergencias tienen que ver no sólo con incumplimientos a la normativa, sino con aspectos de fondo en torno a temas centrales como la vigencia de los valores democráticos; el respeto por los derechos humanos; y el espinoso tema de los prisioneros políticos.
A lo largo del año se hicieron evidentes las diferencias entre los miembros del bloque y Venezuela en temas como las complejas negociaciones con la Unión Europea y la oposición a las mismas que sostiene el gobierno venezolano, de las cuales se ha auto excluido por su visión anti sistema y satanizadora del libre comercio.

No menos importante ha sido el rechazo de varios gobiernos de Mercosur a que Nicolás Maduro asumiese la Presidencia Pro Témpore del bloque sub regional, la cual le correspondía de acuerdo con el orden alfabético de rotación, debido a la visión negativa del resto de los socios del bloque sobre la crisis política en Venezuela, la ausencia de “credenciales democráticas” de su gobierno, las violaciones a los derechos humanos y los incumplimientos de la normativa comercial, entre otros factores. Como pocas veces, las discrepancias generaron una quasi parálisis del mecanismo.

A lo largo del año, afloraron en el fondo las incongruencias de la política exterior de Nicolás Maduro que, al igual que su predecesor,    defiende la tesis de la ideologización del mecanismo y el rechazo al libre comercio. En suma, el régimen venezolano se está convirtiendo en un socio incómodo al que ya pocos quieren acompañar.

Como era de esperarse, los cambios geopolíticos que se han dado en nuestra región, han marcado diferencias dentro del bloque, al punto que se generó un serio conflicto con el traspaso de la Secretaría Pro Tempore a Venezuela.

Fue un hecho lamentable que Venezuela se haya colocado en tan embarazosa situación ante gobiernos amigos y socios tradicionales. Fue un nuevo fiasco para la política internacional del gobierno de Nicolás Maduro y otro golpe a la credibilidad del país.

Como hemos señalado,  la credibilidad en el proyecto MERCOSUR pasa por sincerar la participación de Venezuela en su seno, no solo en términos económicos, sino también en materia de democracia y derechos humanos, principios éstos esenciales de este bloque comercial.

La política de confrontación continuó este año 2016 afectando las relaciones bilaterales con países y socios tradicionales. A  los reiterados enfrentamientos con Washington, se agregaron los roces y tensiones con los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay.

En efecto, a raíz de la destitución de Dilma Rousseff quien había sido una aliada fundamental del gobierno venezolano, comenzaron a evidenciarse  discrepancias que apuntaron a una clara ruptura. La elección de Temer fue para el gobierno Venezolano, producto de un golpe de estado, al tiempo que para Brasil “En Venezuela hay un régimen que no puede ser llamado democrático”.
La firme actitud del gobier
no de Temer en defensa de los derechos humanos en Venezuela, la liberación de los presos políticos y la denuncia de ruptura del orden democrático provocaron airadas reacciones de parte de Maduro y su canciller.  La conclusión de estos episodios fue que el gobierno de Maduro ordenó el retiro de su embajador en Brasilia, medida que fue reciprocada por Itamaraty.
Algo similar ocurrió con el nuevo gobierno argentino. Desde el triunfo de Mauricio Macri las relaciones han transitado momentos de crecientes tensiones por las declaraciones en torno a la ruptura del orden constitucional; la liberación de los presos políticos y la crisis social que vive el país.   
   
La canciller de Maduro calificó como un "golpe de Estado" la sanción impuesta por Mercosur a su gobierno. El chavismo, acostumbrado a imponerse y no a negociar, no entiende muy bien de aplicación y plazos de normas internacionales

Derechos Humanos

Durante el año 2016, las preocupaciones en torno a la severa crisis política, social y económica de Venezuela siguieron llamando la atención de la comunidad internacional. Por segunda vez, -la primera fue en 2011-, más de un centenar de países evaluaron el comportamiento del Estado venezolano en el tema de los derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal  del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Con base a los informes presentados por las ONG de defensa de los derechos humanos, y por el Alto Representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los delegados participantes formularon observaciones, señalamientos  y recomendaciones a los países cuyo desempeño fue examinado.

Los temas que estuvieron al centro del examen, en el caso venezolano, fueron: la libertad de expresión, la liberación de los presos políticos, independencia de poderes, seguridad alimentaria, el hacinamiento carcelario, la criminalización de la disidencia y el acceso a la salud. 

Algunas organizaciones hicieron críticas a la manipulación de las autoridades venezolanas que registran a organizaciones que generalmente no tienen nada que ver con los asuntos que se ventilan en estas reuniones y presentan informes con datos falseados de la realidad. En ese mismo orden se destacó el ostentoso y fantasioso despliegue propagandístico del gobierno tercamente empeñado en desconocer la magnitud de la crisis y atribuirla a una supuesta “guerra económica”

Para muchas de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes en Ginebra la conclusión es muy clara: El Estado venezolano salió reprobado. Ya anteriormente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas había manifestado su preocupación por la “erosión institucional en Venezuela”, al tiempo que una de las organizaciones emblemáticas allí presentes afirmó que “La falta de independencia de los poderes públicos, y particularmente el judicial, es la principal deuda con la que regresa el gobierno de Venezuela al EPU”.  

El manejo de la controversia con Guyana

Durante los gobiernos democráticos, Venezuela mantuvo una firme posición con respecto a la controversia territorial con Guyana sobre el territorio Esequibo. Fue ésta una política del Estado venezolano  atenida a lo previsto en el Acuerdo de Ginebra de 1966, como vía de solución práctica mutuamente convenida entre las partes de la controversia territorial.

Este año 2016, las autoridades guyanesas arreciaron su campaña internacional de descrédito de los derechos de Venezuela sobre la Zona en Reclamación, y de subestimación de la búsqueda de una solución práctica de la controversia, según lo establecido en el citado instrumento.

Aunado a lo anterior, se ejercieron presiones sobre el Secretario General de la ONU para que decidiera sobre otro de los mecanismos de solución pacífica de controversias, en virtud de que por muchos años no se había llegado a ningún acuerdo.

Fueron persistentes los esfuerzos guyaneses por descalificar la búsqueda de una solución práctica a la controversia.

A lo largo de este año y en varias declaraciones, el Grupo Ávila ha hecho llamados al gobierno nacional para que promueva un gran diálogo nacional que acabe con la improvisación en esta materia. Se emplazó al ejecutivo a que más allá de las diferencias políticas y desde una óptica de política de Estado, abandone la pasividad, inacción e indolencia en esta delicada materia y que actúe de manera proactiva en la defensa de los intereses de la Nación tanto en el territorio Esequibo,  como en la Fachada Atlántica del Delta del Orinoco.
Al mismo tiempo, se exhortó a la Asamblea Nacional a ejercer su función contralora e interpelar a los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.


Venezuela y el Consejo de Seguridad de la ONU

El gobierno de Maduro y su aparato de propaganda se esmeraron en  presentar como un éxito y reconocimiento a su política exterior, la presidencia rotativa que por 30 días le correspondió ejercer del Consejo de Seguridad este año. Los mensajes oficiales comentaban que éste era un “hecho histórico” cuando en realidad era la 5ª vez que Venezuela ejercía la presidencia del Consejo de Seguridad.

En sus declaraciones el representante Permanente ante la organización reveló que su ejercicio estaría “centrado en romper el monopolio de las potencias occidentales en las decisiones que toma el organismo”

En ese ejercicio, votó en contra de las sanciones al régimen de Siria, lo que es contrario a la tradición de Venezuela en esa instancia, donde se preservaba el apego irrestricto al Derecho Internacional Humanitario.

Lejos de realizar una gestión exitosa para velar por el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, el representante venezolano tuvo una insignificante actuación que estuvo opacada por obstruir algunas resoluciones del Consejo aunado a los crecientes señalamientos públicos de corrupción en su contra cuando ejerció la presidencia de PDVSA
 
La presidencia del MNOAL

Otro fiasco de la política exterior durante este año fue la deslucida e intrascendente “Cumbre” realizada en Margarita para asumir, de manos de Irán, la presidencia del Movimiento de Países No Alineados por los próximos tres años. En circunstancias normales, este acto hubiese cobrado notoriedad por parte de algunos gobiernos que aguardan con interés las orientaciones  políticas que le imprimirá al movimiento los nuevos responsables de conducirlo.

Pero más allá de la obsolescencia de dicho mecanismo, la intrascendencia de sus decisiones, y el carácter autoritario de muchos de los gobiernos que participan, la cumbre sirvió como costosa plataforma de propaganda del gobierno para denunciar unos supuestos planes intervencionistas de EEUU, y  presentarse como víctima de sanciones dirigidas desde el “imperio” contra personeros oficiales. 

Además, con la opacidad informativa que rodeó a la organización de la cita, nunca se supo a cabalidad el número de Jefes de Estado y de Gobierno que concurrieron. Muchas delegaciones estuvieron representadas por sus Ministros de Relaciones Exteriores, sus vice cancilleres, su Representante Permanente ante la ONU o su embajador en Venezuela.

Con todo, en un país inmerso en una crisis como la que actualmente atraviesa Venezuela, resulta una temeridad ser sede de un encuentro para lo cual tuvo que incurrirse en un gasto estimado en más de 150 millones de dólares.

La Declaración final fue un compendio de proyectos irrealizables así como un decálogo de viejas promesas, aspiraciones ilusorias o temas repetidos en textos anteriores.  Así pues se destacaron la cuestión Palestina; la independencia de Puerto Rico; la erradicación del terrorismo; los refugiados del medio Oriente.

Más delicado aún fueron los presuntuosos anuncios de que bajo la presidencia de Maduro se promoverá la “la democratización de la ONU”.  En suma, se trató de un “show mediático” para organizar una cumbre de países unidos más por sus recelos que por sus intereses compartidos; cuyas decisiones tienen muy poco que poco aportar  a los temas centrales de la agenda internacional y en el que se despilfarraron ingentes recursos en un país afectado por la más grave crisis que ha vivido el país.  

Arbitrajes internacionales

Dentro de este balance de la política exterior deben incluirse los reclamos arbitrales que tiene pendientes y/o ha resuelto ya la República ante el CIADI, foro éste en el que Venezuela, resultó demandada más de cuarenta veces, compitiendo con la Argentina de Kirchner por el puesto de mayor número de casos tramitados.

De los casos concluidos o pendientes, casi todos por expropiaciones, la República ha sido condenada en la mayoría de ellos, en algunos por sumas muy significativas que  no se han podido cancelar.

Cuando en enero de 2012 el Presidente Chávez denunció la adhesión de Venezuela al acuerdo CIADI lo hizo alegando razones de soberanía y de prejuicio en contra del país. Sin embargo, transcurrido el plazo de seis meses para que la denuncia surtiera efecto (25 de julio de 2012) resultó que las demandas han continuado no ya por el Acuerdo Constitutivo sino en virtud de los tratados bilaterales de protección de inversiones con Holanda, Chile, Canadá, etc. que obligan a Venezuela a acudir a los litigios que se plantean en su contra.

Hoy día existen reclamos en diversas fases procesales que implican millonarios pasivos  actuales o potenciales para el país entre ellos el de Conoco/Phillips, Exxon/Mobil, Rusoro, Vestey, Crystallex,  Tidewater, etc.

La imposibilidad económica y falta de voluntad política para atender estas obligaciones repercute desfavorablemente en el prestigio del país y genera la imagen de que se trata de una jurisdicción poco confiable para colocar inversiones extranjeras.

Caracas, diciembre de 2016




El Grupo Ávila es una agrupación informal, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.